Expertos criticaron ayer el proyecto de ley de pensiones presentado por el Presidente Evo Morales, al considerar que el mismo será "insostenible" y el manejo de los fondos de jubilación será "poco transparente".
El analista financiero Armando Álvarez, ex Gerente de la Bolsa Boliviana de Valores, dijo a los medios en rueda de prensa que uno de los aspectos más preocupantes de la norma es que crea un fondo solidario, con aportaciones patronales, laborales y de trabajadores con altos ingresos para mejorar las rentas de quienes las tienen bajas.
Según Álvarez, este fondo sólo sería sostenible en función del aumento o disminución de la cantidad de empleadores y trabajadores formales, quienes darán el mayor aporte a la llamada "pensión solidaria".
"Sin embargo, se les está cargando a ellos con un costo adicional, que desincentiva la formalidad. Si se supone que va a ser sostenible en la medida en que la cantidad de trabajadores y empleadores formales vaya creciendo en el tiempo y estamos desincentivando la formalidad, lo más posible es que ello no suceda", agregó.
El ex Viceministro de Pensiones, Guillermo Aponte, criticó en un documento difundido ayer en la misma rueda de prensa que se reemplace a las administradoras privadas de fondos de pensiones con una gestora manejada y fiscalizada por el propio Estado, con lo que "no existe garantía de que pueda obligarla a cumplir con sus obligaciones".
Aponte consideró que al tener el Gobierno "el control absoluto" del sistema de pensiones, "los afiliados pueden quedar indefensos y carecer de cualquier recurso efectivo ante las autoridades jurisdiccionales para defender sus derechos".
Los ahorros para la jubilación son administrados actualmente por la gestora privada Previsión, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y por Futuro, del Zúrich Financial Service, de Suiza.
Más de 1,2 millones de bolivianos (el 30% de la población económicamente activa) cotizan en ambas gestoras, que controlan el sistema de pensiones desde 1996 y han acumulado unos 2.000 millones de dólares en aportaciones de los trabajadores, una parte depositada en los bancos y otra invertida en bonos del Estado.
Álvarez opinó además que se debe tener en cuenta la elevada tasa de informalidad existente en el país, pues de los 1,2 millones de afiliados a las gestoras, tan sólo el 13 por ciento realiza aportes en forma regular para su jubilación.
El analista sugirió evaluar el actual sistema para "mantener lo bueno, cambiar lo malo y agregar lo que haga falta".
Morales envió ayer el proyecto de ley para su análisis en el Congreso, de mayoría oficialista, con el pedido de que sea aprobado antes de Navidad como un "regalo" a los trabajadores.
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