El Defensor del Pueblo dice que la justicia boliviana es parcial y sin garantías

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, denunció que la justicia del país es parcial, no garantiza el debido proceso ni juicios justos, y criticó al presidente Evo Morales por no favorecer el diálogo ni la solución pacífica de los conflictos, según un informe difundido hoy.
El documento expone los resultados de casos atendidos en 2010, entre los que resaltan el linchamiento de cuatro policías por indígenas y las denuncias de torturas en cuarteles militares y cárceles.
Villena afirma que "no se cumple adecuada e imparcialmente con el debido proceso, la presunción de inocencia, mucho menos al derecho constitucional del acceso a un justo juicio, de modo que satisfaga la sed de justicia de todo boliviano y boliviana".
Según el Defensor -nombrado por los parlamentarios afines a Morales-, no se asegura "el derecho a la defensa", al no tener los acusados acceso a documentos que les permitan impugnar decisiones contrarias a sus intereses.
Aunque Villena no lo menciona, la oposición denuncia que Morales, apoyado en un control irregular de fiscalías y juzgados, promueve demandas contra sus rivales para eliminar en los tribunales a quienes no pudo derrotar en las urnas, por lo que ya han caído un gobernador y cinco alcaldes.
El informe critica que Morales "no ha contribuido" a la "resolución pacífica de los conflictos y, por el contrario, ha actuado con la lógica del desgaste".
"La disposición al diálogo constituye una responsabilidad de la sociedad, pero el compromiso mayor es del gobierno (...) Estamos lejos de construir una cultura del diálogo. Hay atisbos, señales, pero no hay voluntad política para concretar este objetivo", añade el Defensor.
También denuncia que los organismos policiales vulneran "el derecho a la integridad física y psicológica durante el desarrollo de sus actividades", así como la persistencia en los cuarteles militares de prácticas "que derivan en tortura".
Villena dice que el Estado incumple "su obligación de garantizar el derecho a la búsqueda de la verdad", al no favorecer la apertura de archivos de las Fuerzas Armadas sobre las dictaduras para hallar a los desaparecidos en ese período.

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