El Ministerio Público solicita también para los procesados -uno de ellos, un pastor evangelista murciano-, por un delito contra la salud pública, multas que alcanzan los 35 millones de euros.
La droga incautada, de entre un 70 y un 90 por ciento de pureza, según el paquete, habría alcanzado en el mercado un valor al por mayor de diecinueve millones de euros.
En el juicio celebrado hoy en la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia, el pastor acusado, de la Congregación evangélica de Puerto Lumbreras (Murcia), ha reconocido que era el socio único de la empresa que recibió los contenedores con la droga pero ha defendido que "jamás" imaginó que lo que se estaba importando fuera droga.
Según el escrito fiscal, esta persona era la titular de la empresa que servía de "tapadera", para que el resto de los procesados, bajo la dirección de uno de ellos, una mujer, realizara distintas labores destinadas a la importación de cocaína desde Bolivia para su posterior distribución en España.
El 8 de abril de 2009, el servicio aduanero del puerto de Valencia revisó con rayos X un contenedor sospechoso procedente de Bolivia con madera aserrada en tablones que tenía como destino una empresa radicada en Cartagena.
El análisis determinó que algunos tablones de madera escondían pastillas de polvo de cocaína que, según se comprobó posteriormente, sumaban 294 kilos de esta droga con una pureza del 70 por ciento.
La empresa destinataria de la mercancía, de la que se hizo una entrega vigilada, había sido constituida por el pastor Julián V.G.
junto a un matrimonio de Bolivia para importar e introducir la droga, según el Ministerio Público.
La sobrina del socio boliviano y la hija de éste eran las gestoras del negocio en España y esta última tenía un locutorio en Puerto Lumbreras desde el que se hacían los contactos necesarios para las operaciones.
El resto de procesados intervino de uno u otro modo en la recepción, transporte y descarga de la cocaína, y todo el grupo fue detenido el 22 de abril, después de que cogieran la mercancía del puerto y la descargaran en el almacén de un lavadero ubicado en la avenida de Pérez Galdós de Valencia.
Uno de los acusados, compañero sentimental de la "cabecilla" de la banda, era el encargado de recoger a "Manolo" -persona no identificada y destinatario final de la cocaína- para una reunión convocada en Lorca para la entrega de la droga, que no se produjo.
Posteriormente, el 26 de mayo de 2009, se interceptó en el puerto de Valencia un segundo contenedor con 35 tablones de madera que ocultaban en su interior 242 paquetes de cocaína con un peso total de 241 kilos y una pureza de entre el 80 y el 90 por ciento, según el lote.
La droga, valorada al por mayor en nueve millones de euros, la importaron y gestionaron los mismos procesados, siempre según la fiscal.
En el juicio, el pastor ha explicado que conocía al matrimonio boliviano de su congregación evangélica, de "aconsejarles", y que aceptó su propuesta de montar una empresa para importar madera porque siempre había tenido "inquietudes empresariales".
De su relación con el resto de procesados, ha declarado que a los que conocía eran "de la congregación".
El resto de acusados que han declarado ha coincidido en que participaron en las operaciones comerciales descritas pero ha dicho que desconocían que se estuviera importando droga.
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