La magistrada asesinada había renunciado a una escolta |
Al menos cien magistrados han recibido amenazas de muerte, están en riesgo o tienen escolta en Brasil, según un informe oficial divulgado ayer, un día después del asesinato de una jueza.
El balance, elaborado por el Consejo Nacional de Justicia se basa en datos de los tribunales regionales y muestra que 69 jueces han sufrido amenazas, mientras que se considera que otros trece están "en situación de riesgo".
Cuarenta y dos magistrados tienen escolta permanente, aunque no todos ellos están incluidos en la lista de amenazados, según los datos del CNJ.
El mayor número de amenazas (30) se ha registrado en el sureño estado de Paraná, fronterizo con Paraguay y Argentina, seguido de Río de Janeiro, región que acumula 13 denuncias de amenazas de muerte.
Precisamente en el estado de Río de Janeiro ocurrió en la madrugada del viernes el asesinato de la jueza Patricia Lourival Acioli, de 47 años.
La jueza recibió 21 disparos de unos desconocidos que la atacaron cuando estaba dentro de su automóvil, esperando a que le abrieran la puerta del garaje de su residencia, en la localidad de Niteroi, vecina a la capital regional.
Acioli, titular del cuarto juzgado penal de la ciudad de São Gonçalo, investigaba a las mafias integradas por policías corruptos que operan en decenas de favelas cariocas.
ARMAS DE UNIFORMADOS
La Policía divulgó que las armas utilizadas en el ataque, de calibre 40 y 45 milímetros, son de uso exclusivo de las policías civil y militarizada, además de las Fuerzas Armadas.
Por petición expresa, Acioli había renunciado a contar con la escolta de guardaespaldas en los últimos años.
El asesinato de la jueza causó una gran conmoción en Brasil, donde se han extendido las muestras de repulsa contra los homicidas y de apoyo a la familia de la víctima, que fue enterrada el mismo viernes.
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