en su departamento, pero merece serlo mucho más por su muy singular sensibilidad de género.
No se ha sabido que el diputado Velasco haya ejercido sus atribuciones constitucionales impulsando alguna iniciativa fiscalizadora en asuntos de prioritario interés nacional como los grandes problemas que confronta YPFB para producir los combustibles requeridos por la población del país; o de interés del campesinado boliviano, como la descarada usurpación por menonitas extranjeros de miles de hectáreas de tierras fiscales en el Beni, que de acuerdo a ley deben destinarse a campesinos bolivianos sin tierra; o de interés de su departamento, como el prolongado retraso y oscuro encarecimiento del Proyecto Misicuni, hasta ahora sin explicación satisfactoria frente a la ciudadanía cochabambina. En cambio, el diputado Velasco ha interpuesto una extensa y minuciosa petición de informe escrito involucrándose en un juicio en materia familiar por el que la tenencia legal de un pequeño niño es disputada por sus padres. Es notable el esfuerzo del diputado Velazco de haberse sumergido en los miles de páginas del respectivo expediente judicial para interiorizarse, como lo demuestra en su petición, de todos los complejos vericuetos del juicio.
Dicho juicio es, por sí solo, una escandalosa vergüenza para el Estado boliviano y una lapidaria demostración de la absoluta liquidación moral en la que se halla la administración de justicia en el país. Fue iniciado por una madre soltera para recuperar la tenencia de su hijo que le fue arrebatado a sus dos años por el padre. Pese a que todos los hechos y todo el derecho están incontrovertiblemente a su favor, han pasado ya más de dos años y, aun habiéndose dictado sentencia a su favor hace dos meses atrás, la justicia boliviana no le devuelve a su hijo que, por esta causa, ha vivido sin su madre ya casi la mitad de sus primeros cinco años. Artífices y responsables de esta oprobiosa retardación de justicia son, en primer término, los jueces Óscar Ortiz Vargas y Rubén Gonzales Ovando, y, actualmente, la jueza Tatiana Peralta Uriona, que continúa retardando injustificadamente la ejecución de la sentencia que dispone la jurídicamente obvia devolución del niño al cuidado de su madre. Algo puede tener que ver con este comportamiento de la “justicia”, que la madre sea una muchacha joven y humilde, y el padre un hombre de gran fortuna y apellido alemán.
Habría que pensar que el diputado Velasco, siendo parte del Movimiento al Socialismo, militante de la revolución democrática y cultural, presumiblemente sensible a los derechos de los humildes y los pobres, y asumiendo un especialmente firme compromiso con la nueva CPE y los derechos de las mujeres y los niños consagrados en ella, intercedería a favor de los elementalmente preferentes derechos de la madre que la benefician tanto a ella como al niño. Pero, ¡oh sorpresa!, el diputado Velasco hace una severa y amenazante petición de informe ante la Defensoría de la Niñez del municipio de Cochabamba, instancia en la que cuenta con la “adhesión” de la asesora legal Mabel Montaño, evidentemente dirigida a impedir que ese órgano público cumpla su función recomendando que la tenencia del niño sea devuelta a la madre.
Mientras todos los Estados del mundo adscritos a la proclamación y defensa de los derechos humanos, y la humanidad entera son cada vez más rigurosos y cuidadosos en resguardar el elemental derecho de las madres a criar a sus hijos y de los niños a ser criados por sus madres, así sean pobres y solteras, el diputado Velasco nos sorprende con una muy singular sensibilidad de género que lo hace velar, con drástica preferencia, por las pretensiones de los padres, por lo menos si son ricos, poderosos, con gran capacidad de persuasión con los administradores de justicia y de apellidos alemanes difícilmente pronunciables.
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