El gobierno de Piñera descalifica la movilización señalando que ésta pretende “dañar a los chilenos” |
Una normalidad relativa, perturbada por frecuentes enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron al menos una docena de lesionados y varias decenas de detenidos, se pudo observar en Chile ayer miércoles, en la primera jornada de un paro nacional de dos días.
La paralización, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor multisindical del país, con el respaldo de unas 80 organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales y políticas, fue notoria en el sector público, pero disgregada y poco significativa en el área privada, según diversas fuentes.
Con algunas dificultades, el transporte público funcionó en un 95 % en Santiago y otras ciudades, según las autoridades, mientras el comercio atendió normalmente y la mayoría de la gente pudo llegar a sus trabajos, lo que para los convocantes al paro es mentira.
El presidente Sebastián Piñera lamentó los incidentes, aunque aseguró que el país el país funcionó "con bastante normalidad".
"Funcionan los hospitales, el transporte público, los aeropuertos y las empresas. La gente está pudiendo hacer su vida de forma bastante normal", dijo en La Moneda el mandatario, que lamentó los "brotes de violencia" surgidos durante la jornada.
"Hay enfrentamientos entre encapuchados, que da la impresión que lo único que quieren es destruir y causar dolor, y los carabineros, que tienen la obligación de mantener el orden público", sostuvo Piñera, que subrayó que el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero también debe "proteger a la gente que quiere trabajar".
Afirmó que la huelga busca "causarle daño a Chile y a los chilenos" y la consideró un "instrumento equivocado" para resolver las demandas de los convocantes, abogando por el "diálogo, acuerdos y buena voluntad".
Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), cifró en un 80 % la adhesión de los funcionarios públicos al paro, "pese a la represión" con que según el dirigente actuó el gobierno.
Aludía a un instructivo en que se ordenaba a los jefes de Servicios dar cuenta de los trabajadores que no asistieran a sus labores, lo que según De la Puente, vulnera garantías constitucionales como el derecho a la expresión y la libertad de reunión.
En varios servicios públicos hubo escasez o ausencia de funcionarios para atender al público, entre ellos los centros de atención de Salud Primaria, el Registro Civil, Correos y otros organismos.
En ese contexto, el Gobierno calificó la jornada de "día normal", según el portavoz de la Moneda, Andrés Chadwick, mientras la CUT refutó tal aseveración y aseguró que el país se movilizó tras las demandas de la convocatoria.
"Hemos tenido algunos pequeños focos pero no han sido de mayor magnitud, son grupos de diez o quince jóvenes, que han sido sofocados rápidamente", dijo Chadwick, para quien se cumplió uno de los principales objetivos del gobierno: "que las personas pudiesen llegar a sus lugares de trabajo con tranquilidad".
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