El desfalco millonario a las arcas del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), antes Fondioc, continúa siendo un caso sin resolver y sin sentencia a los responsables de los desvíos de fondos públicos, a ocho años de descubiertas las irregularidades. Los abogados de los únicos detenidos por más de un lustro, Marco Aramayo y Elvira Parra, repudiaron que a la fecha no se haya citado a declarar a dirigentes que manejaron los proyectos, a los beneficiarios y otros funcionarios que serían los directos responsables.
“Nosotros, como abogados, estamos asqueados de cómo se ha manejado la justicia. El caso del Fondo Indígena, en el cual son $us 200 millones de los cuales no se sabe qué es lo que ha pasado y está totalmente difuso. Estamos a ocho años, un año de la muerte de Marco Aramayo y hemos avanzado absolutamente en nada. Es una burla y le ha costado la vida al único que ha sido capaz de enfrentarse a un poder político tan fuerte que había en ese momento”, cuestionó el abogado Héctor Castellón que defendió al fallecido ex director Marco Aramayo.
El jurista aclaró, en una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que el poder al que se enfrentó Aramayo desde 2015 no solo fue al partido de Gobierno, sino a los movimientos sociales, cuyos dirigentes manejaban el Fondo Indígena. Citó a Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca y otros personajes, a los que hasta hoy el Ministerio Público no convocó a declarar.
Aramayo fue el primer denunciante del desfalco millonario y murió mientras se encontraba internado en un hospital, cuyo fallecimiento fue el resultado de una serie de “vulneraciones a sus derechos fundamentales”, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI).
En el informe de esa institución detalla que el denunciante padeció 88 agresiones y fue torturado al menos 188 veces por jueces, policías y otros funcionarios judiciales y de Gobierno, durante su reclusión.
En 2013, salió a la luz el caso de “obras fantasmas” aprobadas por el Fondo Indígena y que causó un daño económico superior a Bs 1.000 millones ($us 170 millones), dado que se erogó dinero para proyectos que jamás fueron ejecutados y obras inconclusas de las cuales los mismos dirigentes de las regiones desconocían.
En febrero de 2015, la Contraloría confirmó el daño económico, pero tras ocho años de investigaciones y a un año de la muerte de Aramayo, no hay sentenciados. Recientemente se conoció que la exministra Nemesia Achacollo es investigada por legitimación de ganancias ilícitas y cuyos elementos estarían relacionados con el Fondo Indígena.
Vladimir Gonzáles, abogado de Elvira Parra, manifestó que durante los juicios solicitaron que se convoque e investigue a los jefes de unidades que se ocupaban de fiscalizar los proyecto, pero la Fiscalía “hizo caso omiso”.
“En ninguno de los procesos hay (investigación a) la unidad de planificación, fiscalización, ejecución que eran unidades responsables de la ejecución de estos proyectos. Sin embargo, no se los ha metido a ninguno”, enfatizó.
Por su lado, Elvira Parra reveló que cuando fue designada directora del Fondioc, cada área ya tenía a los técnicos asignados. Asimismo, manifestó que cuando dejó el cargo no conocía sobre las irregularidades en la institución.
“En mi gestión yo no tenía conocimiento de algún desfalco en los proyectos, porque estaban de acuerdo a las evaluaciones que hacía el equipo técnico y se mandaba al directorio quienes aprobaban”, aseguró.
El rol de Larisa Fuentes
Larisa Fuentes fue posesionada como directora del Fondioc en medio de la polémica del desfalco en febrero de 2015. Debía cumplir el rol de interventora y transparentar los procesos administrativos de la institución.
“Tengo la misión, la responsabilidad de transparentar el manejo de estos recursos, de estos fondos, cuál ha sido el destino de éstos”, señaló en su designación y a la fecha no se la vio en medios.
En reciente un juicio en Santa Cruz, Fuentes habría cambiado de versión e indicado que Parra no firmó un contrato sino un convenio para el proyecto Concepción-San Antonio de Lomerío, lo cual ayudó a desestimar el caso, aunque despertó dudas sobre por qué ahora presentó otro documento.
Para Castellón, Larisa Fuentes fue una “detractora” que ejecutó un plan de persecución contra su defendido y otros. “Nos hubiera gustado mucho escuchar a Larisa Fuentes que ha sido la detractora y el principal instrumento para esta maquiavélica y absurda cacería que se ha hecho contra Marco Aramayo y contra otras personas. Esperábamos un pronunciamiento claro”, refutó.
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