La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió este martes el segundo día de su visita oficial a Bolivia en medio de fuertes críticas de la oposición hacia el relator para el país, el mexicano Joel Hernández, por su participación en un evento gubernamental referido a la crisis de 2019.
Hernández estuvo en la víspera en un acto organizado por el Ministerio de Justicia para un «desagravio» a los exvocales del órgano electoral que fueron investigados en su momento por el presunto fraude a favor de Evo Morales que derivó en su renuncia a la Presidencia y en la peor crisis política y social vivida en Bolivia en los últimos años.
«La participación del Relator Joel Hernández en un acto político que pretendió negar el fraude del MAS (Movimiento al Socialismo) y sus cómplices, fue desacertada y cuestionable éticamente. Pone en duda la imparcialidad y respeto que esa Comisión le debe al país», escribió en Twitter el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
«La CIDH nos debe una explicación», añadió Mesa, que también es líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora con representación en el Parlamento nacional.
La alianza opositora Creemos, del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó en un comunicado su rechazo a la «conducta antiética» de Hernández por participar en «un acto eminentemente político».
«Calificamos de inapropiado e inmoral que, en el marco de la visita in loco que realiza la CIDH a Bolivia para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, este órgano internacional muestre su afinidad con el Gobierno boliviano y desenmascare su falta de independencia empañando su credibilidad y el éxito de la visita», indica la nota.
Creemos también anunció que ha enviado una nota al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, solicitando que la conducta de Hernández «no pase inadvertida y que se instruya la apertura de un proceso disciplinario dentro de la Comisión de Ética» del organismo regional.
La crisis
Bolivia estuvo sumida en una crisis social y política tras los comicios del 20 de octubre de 2019, en los que Morales fue proclamado ganador inicialmente, pero que fueron anulados después por las denuncias de que hubo un presunto fraude electoral a su favor.
Una auditoría de la OEA solicitada por el Gobierno de Morales señaló que en esas elecciones hubo «operaciones dolosas» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas».
Tras conocerse ese informe la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Morales primero anunció nuevas elecciones y horas después dimitió a la Presidencia, alegando ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».
Desde entonces el país se ha mantenido polarizado entre el oficialismo, que sostiene que hubo un golpe contra Morales, y sus detractores, que le sindican de un fraude electoral.
En su momento fueron detenidos los vocales electorales que administraron los fallidos comicios de 2019, pero con el retorno del MAS al poder en 2020, esos procesos penales se cerraron progresivamente y se abrieron otros a instancias del oficialismo contra opositores por la transición tras la renuncia de Morales.
Algunas visitas
Entre los opositores encarcelados está el gobernador Camacho, quien en esta jornada pudo reunirse con una representación de la CIDH en la cárcel de Chonchocoro, donde cumple detención preventiva desde fines de diciembre por sus supuestas responsabilidades en la crisis de 2019.
En una carta difundida en sus redes sociales, el gobernador señaló que ha pedido a la CIDH conformar otro grupo de expertos independientes que investiguen las «represiones brutales realizadas por la Policía» durante la huelga cumplida en Santa Cruz entre octubre y noviembre por la realización del censo de población.
La CIDH también visitó la cárcel de mujeres donde está recluida la expresidenta interina Jeanine Áñez, aunque no trascendió si los comisionados hablaron o no con ella.
El organismo inició el lunes una visita «in loco» de cinco días a Bolivia que hará «énfasis» en la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad.
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