La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo este viernes que su «imparcialidad» no está comprometida, tras las críticas hacia el relator para el país, el mexicano Joel Hernández, por su participación en un evento gubernamental referido a la crisis de 2019 en Bolivia.
«La imparcialidad de la Comisión no está, no estuvo ni estará comprometida. Seguimos fieles a nuestra naturaleza de autonomía e independencia», aseguró Hernández consultado en una rueda de prensa en La Paz ofrecida por el organismo al concluir la visita «in loco» iniciada el lunes.
Hernández participó el lunes en un acto organizado por el Ministerio de Justicia para un «desagravio» a los exvocales del órgano electoral que fueron investigados en su momento por el presunto fraude a favor de Evo Morales que derivó en su renuncia a la Presidencia y en la peor crisis política y social vivida en Bolivia en los últimos años.
El comisionado justificó que su presencia en el evento «fue totalmente de buena fe» y «acorde al mandato de la Comisión» de «velar por la reparación de las víctimas», en este caso los exvocales electorales.
Según Hernández, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019 en Bolivia identificó «diversas violaciones» de derechos sufridas por los exvocales, testimonios que él mismo pudo escuchar de primera mano en enero pasado.
«Fue una participación acorde a mi mandato como relator de Bolivia, una participación conforme a la práctica que tiene la comisión y fue una participación dentro del proceso de reparación de víctimas», insistió.
Además, remarcó que «en ningún momento la comisión se ha pronunciado sobre la situación de las elecciones del año 2019», pero sí se dedicó a «velar» por la «vigencia de los derechos humanos de todas las personas bolivianas», sobre todo de las identificadas como «víctimas» en el informe del GIEI.
Hernández indicó que tomó nota de la «polarización» que su participación en el evento generó en los medios, lo que será registrado en el informe sobre la visita «in loco» a Bolivia y que obliga al organismo «a hacer este llamado a un amplio diálogo nacional para que se cierren heridas que todavía están abiertas».
Bolivia ha estado sumida en una fuerte polarización por los sucesos de 2019 que para el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo fueron un «golpe de Estado», mientras que la oposición asegura que la renuncia de Morales fue consecuencia de las denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Una auditoría de la OEA, solicitada por el entonces Gobierno de Morales, señaló que en esas elecciones hubo «operaciones dolosas» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas».
En su momento fueron detenidos los vocales electorales que administraron los fallidos comicios, pero con el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en 2020, esos procesos penales se cerraron progresivamente y se abrieron otros a instancias del oficialismo contra opositores.
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