Tras la sentencia judicial de Beni que suspendió el proceso de preselección para las judiciales, la Comisión Mixta de Constitución de la ALP elaborará un nuevo reglamento y convocatoria para las elecciones de magistrados, incluso se habla de emitir una “ley corta”, para ajustar los plazos con el TSE. No obstante, evistas, activistas y juristas advierten que el Gobierno pretende elegir por “decretazo” a los nuevos magistrados o prorrogarlos en sus cargos.
“Con esta sentencia la convocatoria y el reglamento quedan sin efecto, lo que tenemos que hacer nuevamente es otro reglamento y otra convocatoria eso es lo que tenemos que trabajar y nos vamos amparar netamente en la Constitución Política del Estado, seguramente vamos a acortar algunos plazos”, confirmó la asambleísta Patricia Arce.
El jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni concedió la tutela al ciudadano Miguel Ángel Balcázar Ruiz, que observó que el reglamento vulneraba su derecho a la libertad de expresión en el numeral 16 del artículo 19, por lo que quedó suspendido el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
Arce adelantó que no descartan iniciar un proceso por prevaricato a los vocales del TDJ. El Legislativo y el Judicial son poderes independientes.
La senadora se comprometió a trabajar sábados y domingos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elaborar el nuevo reglamento.
Consultada sobre si alcanzarán los tiempos, Arce ratificó que así será. “Nos ha pedido encarecidamente nuestro hermano presidente Luis Arce que podamos trabajar lo más antes posible para garantizar las elecciones judiciales y así tener nuevos magistradas y magistradas”. Desde la Cámara de Senadores se confirmó que la Comisión Mixta de Constitución se reunirá este sábado 15 desde las 16:00 en el edificio de la ALP para tocar el tema del nuevo reglamento.
Arce no descartó que en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pueda emitir una “ley corta para poder ajustar los plazos”. Una de las alternativas que manejan los diputados renovadores es restar días al plazo de 30 días que se otorgan al TSE para la entrega de credenciales.
“Este plazo podría ser objeto de ajuste para que no necesariamente se pongan 30 días”, indicó por su lado el diputado arcista Juan José Jáuregui.
Este sábado 15 debería concluir el plazo del registro de postulantes, pero aquel periodo puede ampliarse en una semana. “No vamos a tener la necesidad de asignar 15 días (adicionales) para el proceso de recepción de postulaciones siendo que ya se ha iniciado, creo que no habría que ampliar más de una semana este plazo”, puntualizó Jáuregui.
Alertan un “decretazo”
Evistas, activistas y juristas advierten que el Gobierno pretende elegir por “decretazo” a los nuevos magistrados o prorrogarlos en sus cargos.
“Esta es la excusa perfecta para que alguna manera el ministro (de Justicia, Iván) Lima, a través del Ejecutivo, pueda designar por decretazo a los altas magistrados o en su caso alargar el mandato a estos serviles al ministro Lima”, aseveró el diputado evista Daniel Rojas a Página Siete.
El diputado de la misma facción Renán Cabezas apuntó al vicepresidente David Choquehuanca de haber causado la caída del proceso para las judiciales y advirtió que existe una intención del Ejecutivo de prorrogar en sus cargos a los actuales magistrados. “Lo que están buscando es ratificar a estos magistrados corruptos, sinvergüenzas, que le dañan al pueblo boliviano que legitiman el trabajo de vocales corruptos de jueces corruptos”, precisó.
La abogada Audalia Zurita, de los juristas independientes, coincidió con Cabezas y Rojas. “Cada vez va a quedando más claro que todo esto ha sido manipulado, el Gobierno lo que ha hecho es hacer caer el proceso de las judiciales para garantizar la emisión de una ley de excepción o facultades especiales al Presidente para designar de forma directa a magistrados o una prórroga del mandato de ellos”, puntualizó.
La abogada Zurita sospecha que el Gobierno está detrás de la decisión del TDJ de Beni. “Resulta que quienes han resuelto esa acción de amparo constitucional son vocales que han sido prorrogados en sus mandatos por el Consejo de la Magistratura dentro de este mismo manejo político y manipulación que se hace de los cargos”.
Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), alertó que desde el Gobierno “están buscando es posesionar vía decreto a los actuales magistrados en una prórroga”.
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