El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, calificó como “sabotaje conspirativo” la aprobación en el Senado de un proyecto de ley para derogar 11 artículos y cinco disposiciones de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE).
El miércoles, ese cuerpo legislativo aprobó en grande y en detalle un proyecto para derogar los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 y las disposiciones tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima, que generó grandes controversias.
“Ayer han aprobado un proyecto de ley para estrangular a la economía nacional. Lo que hizo el Senado fue un sabotaje a la economía nacional, con el pretexto de la disposición séptima (sobre confiscaciones y decomisos) eliminaron varios artículos”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.
Explicó, por ejemplo, que con ese proyecto de ley se elimina la posibilidad del financiamiento con bonos soberanos. “El PGE es un medio que tiene la finalidad de ejecutar la política económica del país y necesita financiamiento que puede venir de la emisión de bonos y otros instrumentos financieros”.
Asimismo, dijo que se elimina la posibilidad de financiamiento vía de bonos de carbono y los “colaterales” que ayudarían a reducir los de intereses. “Eliminan los incentivos a la industrialización porque quita la reducción de aranceles al IVA en beneficio del sector productivo, agropecuario y minero”.
PGE
Además, aseguró que eliminan los incentivos a la reinversión y a las facilidades de pago de los contribuyentes, “más de 50.000 contribuyentes están en peligro en este momento”.
También dijo que se apunta a eliminar el apoyo a la producción de biodiésel, a la producción nacional; a la promoción del acceso a la vivienda social y a la subvención de alimentos e hidrocarburos.
“Afectará a entidades públicas, a las entidades autónomas territoriales, a las universidades, alcaldías; generando inseguridad jurídica sobre el funcionamiento estatal. Incluso las remuneraciones salariales están en peligro para salud y educación”, complementó.
Según el ministro, este “sabotaje conspirativo” no hace más que confirmar la “conducta” de la mayoría de los senadores; que no quieren “que la política económica salga adelante”.
Remarcó que la disposición séptima sobre decomisos era solo la excusa para “cercenar” la política económica del Gobierno y emplazó a los senadores a hacerse cargo del pago de la deuda externa y del pago por la exportación de combustibles.
Respuesta
Adelantó, además, que ese proyecto de ley va en contra de la Constitución Política del Estado y como Gobierno hará respetar la voluntad del pueblo que eligió al presidente Luis Arce con el 55% de los votos. “En su momento haremos la representación debida; si esto llega a una situación definitiva”, advirtió.
Luego de la aprobación en el Senado, el proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados; donde también deberá ser aprobado para que el Gobierno cumpla con la derogación de las normas mencionadas.
“En resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad (…), correspondiendo al Órgano Ejecutivo la aprobación del presupuesto, limitándose a su objeto y fin (…); no así estableciendo previsiones que sobrepasan temporal, temáticamente, finalísticamente (sic) su materia propia, ajenas al presupuesto en materia económica”, justifica el proyecto.
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