Naciones Unidas alertó que Bolivia y Colombia requieren seguimiento por riesgo de hambruna, mientras que Haití se mantiene como “el punto más crítico” de América Latina debido a la violencia de las pandillas, el prolongado declive económico y los efectos del cambio climático. Los agropecuarios anunciaron que habría una caída en la producción de alimentos por la falta de diésel.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el informe sobre los puntos críticos del hambre, que publican cada seis meses, señala que otros países requieren seguimiento, como Bolivia y Colombia.
“Aunque no se identifican como focos de hambre en este informe, merecen un seguimiento estrecho. Los países donde los datos fueron insuficientes o no estaban disponibles para permitir una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada, pero que se señalaron como preocupantes durante los debates con base en otras pruebas; en crisis prolongada con un alto número o alta prevalencia de personas en inseguridad alimentaria aguda, pero sin evidencia clara de un probable deterioro de la seguridad alimentaria comparable a las tendencias observadas en los países seleccionados como focos de hambre”, señala el informe.
En el caso de Bolivia, se espera que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore durante el período, debido a la alta inflación sostenida y la disminución de las reservas extranjeras.
Se proyecta que eso continuará erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares, lo que limitará aún más el acceso a los alimentos. También se proyecta que la escasez de combustible obstaculizará las actividades agrícolas, reduciendo aún más la producción de maíz después de una cosecha ya inferior a la media obtenida en 2024.
A octubre de 2024, 2,2 millones de personas (el 19% de la población) padecían inseguridad alimentaria aguda según la metodología CARI del PMA.
Para Colombia se estima que alrededor de 7,8 millones de personas (el 15% de la población) padecían inseguridad alimentaria aguda y necesitaban asistencia urgente en 2025.
Al respecto, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, calificó el informe de los organismos internacionales de grave, ya que el documento da a entender de que Bolivia está en crisis alimentaria y la misma se podría agudizar.
“La seguridad alimentaria pende de un hilo, debido a la falta de carburantes, escasez de dólares y por el proceso corrosivo de la inflación”, que amenazan la alimentación y la nutrición de los bolivianos”, sostuvo.
Explicó que la inflación redujo el salario real y el poder adquisitivo se ha comprimido, es decir que la gente no puede comprar más productos debido a que éstos aumentaron de precio, situación que más golpea a las familias vulnerables.
En su momento, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, dijo que la gente priorizara sus necesidades, y destina sus recursos más a la compra de alimentos y medicinas.
Romero señaló que el tema de la producción agropecuaria también está en vilo por la falta de diésel, en especial, y la falta de este combustible provoca incremento de precios de los productos.
“La gente paga más caro por alimentos”, apuntó y adelantó que esta situación poco a poco empuja a los bolivianos a la pobreza, al no satisfacer sus necesidades, y la situación tiende a agravarse.
Por ello abogó para que el próximo gobierno haga los cambios estructurales necesarios para la provisión de carburantes y un crecimiento homogéneo y sostenible de todo el sector agropecuario del país.
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