Recomendó que los administradores de justicia deben educar sobre el verdadero alcance de la justicia comunitaria.
• Parlamentarios exigen que las muertes de policías no queden en la impunidad.
El ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, lamentó el linchamiento de cuatro oficiales de la Policía ocurrido en la localidad de Uncía del departamento de Potosí y que el mismo se haya dado bajo el título de “justicia comunitaria”. Manifestó que el hecho se origina en la falta de orientación del Estado respecto a la justicia comunitaria en comunidades donde suelen cometerse ese tipo de delitos.
De acuerdo a informes de la Policía, los cuatro suboficiales fallecidos fueron tomados de rehenes el lunes y luego victimados por algunos comunarios de los ayllus del Norte de Potosí quienes los “confundieron con atracadores disfrazados de policías”. Como sucedió en Achacachi de La Paz cuando una turba ajustició a presuntos delincuentes, los campesinos de la zona optaron por “un pacto del silencio” ante las averiguaciones policiales.
Una fuente fiscal informó que días antes de lo ocurrido, los pobladores de Llallagua, Uncía, Siglo XX, Catavi, Chayanta y algunos ayllus han condenado la muerte de al menos 15 personas a manos de ladrones de autos. “La gota que rebasó la paciencia fue la muerte de un joven campesino de 22 años a quien le robaron su taxi”, afirmó al señalar que el clima social contra la inseguridad ciudadana previo a la muerte de los policías de Diprove estaba caldeado.
La fuente consultada informó que hace una semana, la población de Llallagua se enteró de que dos uniformados fueron acusados de violación, detenidos y encarcelados. “Todos estos temas de inseguridad ciudadana forman parte del contexto”, sostuvo.
DESCUIDO DEL ESTADO
Para Albarracín, existe un descuido del Estado en las tareas destinadas a orientar, educar y explicar el verdadero significado de la justicia comunitaria, establecido en el artículo 190 páragrafo II capítulo cuarto de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de la Constitución Política del Estado que dispone “el respeto a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías(...)”.
Recalcó que las instituciones encargadas de orientar sobre el verdadero concepto de justicia comunitaria a los pobladores de las áreas rurales, donde usualmente suceden este tipo de procedimientos, son los administradores de justicia como el Ministerio Público, la Policía y otros.
“Los linchamientos son actos delictivos de asesinatos que están penados en la ley con cárcel, aunque en muchos casos, por no decir en todos, no se encontró ningún responsable por tratarse de homicidios que se manejan bajo el nombre de justicia comunitaria”, sostuvo.
RESIDUOS JUDICIALES
A su vez la diputada, Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural, a tiempo de exigir el esclarecimiento de los delitos cometidos por los comunarios de Uncía contra cuatro efectivos policiales, calificó al hecho como “residuos de la justicia tradicional”.
“Es la herencia del Estado neoliberal que el Gobierno actual está tratando de cambiar, no es fácil, porque aún existe esta confusión en algunos pobladores que pensando en la justicia comunitaria cometen hechos delictivos”, enfatizó.
Además, comprometió que en el proyecto del Órgano Judicial se planteará soluciones al respecto atribuyendo el linchamiento al desgaste de la justicia tradicional.
“Estamos en un periodo transitorio de cambios en la justicia, en los gobiernos regionales, locales; seguramente con el tiempo esperemos no volver a escuchar sobre este tipo de sucesos que se cometen al calor del momento”, subrayó.
ACTOS IMPUNES
El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, expresó su preocupación porque hasta el momento los actos de linchamiento han quedado impunes, sin que la justicia pueda establecer responsabilidades.
“Por lo general nunca se encarcelan a los culpables. Sin embargo, esperamos que en el caso de los jóvenes que han muerto en Caranavi y el último de los cuatro policías la Fiscalía haga su trabajo”, agregó.
0 Comentarios