Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, llamó este miércoles calumniador al gobierno de Evo Morales y lo acusó de violar la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de arremeter contra los pueblos indígenas de tierras bajas que marchan con destino a la ciudad de La Paz para hacer escuchar sus demandas.
Entre tanto, el presidente Evo Morales Ayma puntualizó el miércoles que "las tierras son de propiedad de todos los bolivianos y no de sectores específicos", por lo que serán distribuidas en forma equitativa y de acuerdo con las necesidades de desarrollo de Bolivia.
“Esperemos que ante las demandas legítimas de la huelga de hambre de los diputados indígenas y ahora la marcha de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), el gobierno no siga respondiendo con la calumnia, como lo hizo al acusar a la movilización de ser financiada por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y, más bien, tome la oportunidad para reflexionar y rectificar de manera inmediata”, manifestó Almaraz en una entrevista telefónica con la Red Erbol.
Aseveró, a su vez, que el gobierno está haciendo las mismas cosas de las que acusa a los indígenas, es decir, socavar su base normativa y de legitimidad, que es la Constitución Política del Estado, aprobada hace casi dos años por la mayoría masista en la disuelta Asamblea Constituyente y vigente desde febrero de 2009.
“Hizo (el gobierno) exactamente aquello de lo que acusa ahora a los indígenas de hacer, es decir, apartarse de la Constitución, ir contra ella, con el agravante de que estamos hablando de los poderes públicos, el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (la Asamblea Legislativa Plurinacional), en lo relacionado a la elaboración de las leyes del Estado, que por estos instrumentos tiene la especial obligación de recoger la realidad social pluriétnica, pluricultural y plurinacional”, puntualizó la ex autoridad al lamentar que pese a tener clara esta obligación, Morales y su administración hacen lo contrario.
Declaró, asimismo, que esta situación conlleva a la violación de los derechos constitucionales de los indígenas originarios y que, por lo tanto, el gobierno ha desoído e incumplido el mandato, pese a los reclamos justos de las organizaciones y de los diputados originarios.
“Lo peor es que esto puede constituirse en un precedente nefasto para el proceso de cambio que atravesamos y da cuenta de una actitud muy peligrosa que asume el gobierno de desoír el mandata de la Constitución en el sentido de lo que plantea la ley”, expresó.
Almaraz aseguró que su aseveración está respaldada por la Ley del Régimen Electoral, donde se estipula que se establecerá una circunscripción especial indígena en todos los departamentos en que las naciones o pueblos indígenas constituyan una minoría poblacional (1.000 personas), “lo dice así literalmente la Constitución”.
Sobre la elección de los delegados a estas circunscripciones indígenas según usos y costumbres, indicó que “sería lo más aconsejable en función de preservar las formas de organización social y políticas de estos pueblos, pero en este caso hay una disposición constitucional que obliga a que estas autoridades sean electas por voto universal directo”.
No obstante, según el político, la Carta Magna manifiesta también que todos los departamentos donde los pueblos indígenas constituyan minoría poblacional deben tener una circunscripción, como ocurre en Chuquisaca, con la particularidad que las comunidades guaraníes representan uno de los sector más necesitados de apoyo y reivindicación social y cultural.
“Los guaraníes son los más necesitadas de reconocimiento y protección del Estado, requieren de integración política porque son las comunidades que más largamente sufrieron los daños del proceso colonial, que estuvieron por largos años cautivas y sujetas a abusos de servidumbre y esclavitud, como se conoce hasta hace poco”, precisó.
Es más, afirmó Almaraz, que en este tema, la cantidad de siete circunscripciones que se les designó es mezquina y nada precisa para representar a más de una treintena de pueblos indígenas que tiene esta condición de minorías étnicas.
Sobre la acusación del financiamiento que reciben organizaciones indígenas por parte Organizaciones no Gubernamentales (OGNs), en especial USAID, para obrar en contra del gobierno, manifestó que esas acusaciones son totalmente falsas.
“De cierto no hay nada, absolutamente nada, es una mentira”, declaró al expresar su sorpresa de que Carlos Romero, ministro de Autonomías, profundo conocedor de las sociedades indígenas quien anteriormente trabajó a su lado, indicara tal situación.
“Como puede pensarse que ante la violación de sus derechos los indígenas no van a reaccionar, son sectores que con sus marchas posibilitaron en el 2002 que la sociedad boliviana asuma la reivindicación de la Asamblea Constituyente”, manifestó.
A criterio de Almaraz si los indígenas tuvieron en el pasado la capacidad de organizarse, la afirmación del Ejecutivo no es creíble, “ahora vamos a pensar que necesitan de USAID para movilizarse, es ridículo e insultante y peor si se lo hace con la ligereza de mostrar como prueba documentan de tal apoyo un librito editado con el auspicio de USAID, como si no supiéramos que el gobierno también tiene financiamiento de esta entidad”.
Prefirió no mencionar si participará activamente en la marcha, a pesar de que anunció un apoyo moral a la misma. “Estoy plenamente solidarizado con la marcha y hago voto para que su fuerza y su capacidad de presión sirva para que el gobierno haga un alto en esa peligrosísima carrera autodestructiva”.
Evo dice que las “tierras son de propiedad de todos”
El presidente Evo Morales Ayma puntualizó el miércoles que "las tierras son de propiedad de todos los bolivianos y no de sectores específicos", por lo que serán distribuidas en forma equitativa y de acuerdo con las necesidades de desarrollo de Bolivia.
Morales participó en una reunión ampliada de la Confederación de Sindicatos de Mujeres Campesinas e Indígenas Bartolina Sisa donde hizo una serie de puntualizaciones sobre el tema tierra y la necesidad de la participación de todos los sectores en el proceso de cambio.
"Primero es la Patria y después las regiones o los sectores", anotó al subrayar que no corresponden exigencias que pretendan reivindicar para sí algunos territorios.
El Jefe de Estado se refirió a la posición asumida por algunos dirigentes de los pueblos del oriente boliviano que exigen que el Estado disponga de un mayor espacio para sus dirigentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la distribución de tierras fiscales para los campesinos e indígenas oriundos de esas regiones, lo que excluiría de sus derechos a otros pueblos.
El Mandatario también cuestionó la posición de esos sectores para aprobar estatutos autonómicos en base a sus usos y costumbres y no con la realización de referéndums, como manda la Constitución Política del Estado.
"Aceptar autonomías que no espeten la Constitución es lo mismo que dar curso a territorios independientes dentro de Bolivia y permitir el funcionamiento de un Estado en el que todos los ciudadanos no tengan una igualdad de derechos", indicó.
Ante una audiencia de dirigentes de las federaciones departamentales de mujeres campesinas e indígenas, el Jefe de Estado destacó la conciencia social y la decisión de las mujeres para sustentar los proyectos de cambio y de desarrollo en Bolivia.
Sin embargo anotó que, pese a los avances logrados para cambiar el país en base a su realidad y demandas de su pueblo, "la lucha por la liberación económica y política aún continúa".
Hizo referencia a la lucha librada por el pueblo durante la colonia, la república y contra los gobiernos neoliberales que se encaramaron en el poder 20 años, entre 1985 y 2005, en los que entregaron los sectores estratégicos del país a intereses privados nacionales y extranjeros sin velar por el interés nacional.
Manifestó que esos mismos sectores fueron los que en Sucre los años 2006 y 2007 obstaculizaron la marcha de la Asamblea Constituyente que cumplía la misión de construir una nueva Constitución Política del Estado que se sustente en la realidad nacional y no en modelos extranjeros.
Agregó que "gracias a la conciencia social del pueblo, fue aprobada una nueva Constitución que contó con el respaldo mayoritario de la población".
Morales relievó que en la actualidad el proceso constituyente ha ingresado a una tercera etapa, que es la viabilización de Leyes que permitan la aplicación de los mandatos de la Constitución.
Dijo que hasta el momento la Asamblea Legislativa plurinacional había aprobado cuatro de las cinco leyes orgánicas que se necesitan para fortalecer el proceso de aplicación de la Carta Magna. Tres de esas Leyes, las del Órgano Judicial y Electoral y del Régimen Electoral ya fueron promulgadas
El Presidente destacó la posición asumida por las mujeres agrupadas en la Confederación Sindical Bartolina Sisa para solicitar la ayuda del Gobierno para viabilizar una serie de proyectos productivos.
"Las mujeres demuestran cada día más su importancia para participar directamente en los procesos de desarrollo nacional con iniciativas que, tras ser estudiada su factibilidad, serán espaldas", agregó.
Exhortó a las dirigentes del sector a tomar previsiones para evitar la infiltración de Organismos no Gubernamentales (ONGs) en sus reuniones y Congresos debido a que pretenden debilitar y dividir esos movimientos.
Las mujeres campesinas e indígenas sindicalizadas se reunirán en un ampliado nacional en el Beni del 14 al 16 de julio para analizar la coyuntura nacional y elaborar propuestas que fortalezcan el proceso de transformaciones estructurales que vive Bolivia.
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