Acaba de celebrarse en Lima, Perú el XL período de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Las expectativas se centraron en tres temas: la limitación de compras de armas, la situación de Honduras en la OEA y la demanda argentina, por las operaciones petroleras británicas en la zona de las Islas Malvinas reivindicadas por Buenos Aires.
Pudo pensarse que también despertaría expectativas el problema irresuelto de la mediterraneidad de Bolivia. Esto porque en Chile asumió el poder un gobierno –el del presidente Sebastián Piñera- con acusadas diferencias respecto de sus predecesores.
El presidente Piñera, antes de asumir su cargo, dio a conocer los rasgos de su política exterior. Con Bolivia fue claro: nada de solución de la mediterraneidad que se base en la cesión de un territorio para vincular a Bolivia con el mar. Para Chile estaba superada, por decisión propia, la resolución de la OEA de 1979 que reconocía que “Es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico”.
El gobierno de la presidente Michelle Bachelet procuró, con éxito, que Bolivia abandone sus reclamos en los organismos internacionales. Para ello, alentó en el gobierno de Evo Morales esperanzas de que, sin estridencias, sin demandas públicas y sin discursos inflamados, se podía avanzar hasta que llegue el tiempo propicio para considerar alguna solución de la mediterraneidad, ciertamente no especificada. Como señal de acercamiento al gobierno de Bolivia, la presidente chilena contrató, en nombre de UNASUR, a un ex terrorista para que investigue –aun sabiendo que no sería equilibrado e imparcial– la matanza de Pando, segura de que éste cargaría todas las culpas a los opositores a Evo Morales.
Para calmar cualquier inquietud que pudiera aflorar, Chile acordó con Bolivia una misteriosa agenda de 13 puntos. Se dice que incorpora el problema marítimo de Bolivia. Así, “mareando la perdiz”, pasaron cuatro años, sin que progresen unas negociaciones que no se sabe si se iniciaron. Hubo, en esta espera, ingenuidad o incapacidad en los que manejan la diplomacia boliviana, siendo probable que hayan concurrido ambas falencias.
En el cotejo de los dos “informes” –el boliviano y el chileno- a la Asamblea, se advierten divergencias sustanciales. El canciller de Bolivia propuso (¿no lo había hecho ya en estos cuatro largos años?) al canciller de Chile “que a partir del próximo mes de julio podamos (sic) avanzar concretamente en el análisis de las alternativas que puedan (sic) dar una solución definitiva al problema marítimo boliviano. Propongo a nombre del Gobierno de Bolivia –dijo–, establecer una Hoja de Ruta, a partir del punto VI de la Agenda de 13 puntos, a fin de seguir etapas concretas en la negociación sobre este tema, que nos conduzca a un acuerdo”.
Propuso lo que supuestamente ya estaba concertado en la famosa agenda.
Y vino la replica. Pese a las declaraciones de amistad a Bolivia y los elogios al presidente Evo Morales, quedó claro que Chile nuevamente rechazaba la declaración de la OEA de 1979, invocada por el canciller boliviano: “…manteniendo una posición firme y transparente respecto al tema marítimo –dijo el canciller chileno– el que entendemos se inscribe en un ámbito estrictamente bilateral y como tal, escapa a la competencia de esta organización”. Y sigue: “identificaremos y ejecutaremos acciones con especial énfasis en el perfeccionamiento del libre tránsito y del acceso de Bolivia al Océano Pacífico a través de puertos chilenos, tal como lo establece el Tratado de Paz y Amistad de 1904”.
Se sabía –por supuesto que la cancillería boliviana también- que ese sería el tono del nuevo canciller de Chile. No hubo previsiones para una eventual dúplica, ni para gestionar, no sólo apoyos de socios ideológicos, sino unaresolución que ratifique la de 1979. Pero no fue así. Sólo una extraña sumisión. Y un diálogo de sordos.
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