ACOSO.- De las tres ex prefecturas, la mayor perseguida, con mayor control y que estuvo bajo la lupa permanente del Gobierno fue Tarija, afirmó la legisladora.
Fernando Barral Zegarra
El Gobierno nacional desató en Tarija el terror y la cacería de brujas con la ley anticorrupción, aprobada hace poco, cuya retroactividad es uno de los factores para perseguir a funcionarios de las ex prefecturas, específicamente de Tarija, Santa Cruz y Beni.
Ése era uno de los riesgos que nosotros veíamos al momento del análisis y sanción de la ley anticorrupción, su carácter retroactivo era una de las pautas para su uso contra tres prefecturas específicas del país, criticó la diputada de la oposición, Mirtha Arce.
De las tres ex prefecturas, la mayor perseguida, con mayor control y que estuvo bajo la lupa permanente del Gobierno fue Tarija, por eso no extraña de que se inicien acciones contra funcionarios allegados al ex prefecto Mario Cossío, insistió.
Con el procesamiento de tres ex funcionarios de la prefectura se confirma y se pone en evidencia el anuncio de que se iniciaría una auténtica cacería de brujas contra quienes, en su momento, fueron parte del proyecto político Camino al Cambio liderado por Cossío.
En muchos casos, delitos que no tenían pena privativa de libertad superior a 3 años y que no ameritaba la detención preventiva, con esta ley se modificaron y dieron margen a este tipo de detención, es factor de terror incorporado en la ley, criticó.
Anunció una fiscalización directa a la investigación, para velar que el proceso se desarrolle bajo el principio de probidad y objetividad, viendo que no se vulnere ninguna parte del procedimiento y respeten las garantías jurisdiccionales de los investigados.
Ese hecho develó que hubo una inacción manifiesta de la Policía, pese a tratarse de sus camaradas, como del Ministerio Público, entonces se velará que se tutelen y no se vulneren las garantías jurisdiccionales como el debido proceso, el principio de presunción de inocencia.
La retroactividad de la ley fue impuesta intencionadamente, de no ser así los imputados habrían sido procesados bajo el código penal y sus sanciones previstas, la ley anticorrupción además agravó las sanciones para los acusados.
Esto hace que muchas personas caigan en este riesgo y por eso insistió en la necesidad de severa fiscalización y mucho detalle del proceso, para que no se violen derechos y garantías de las personas, según la vicepresidenta de la brigada quien dijo estar muy preocupada por el tema.
El Gobierno nacional desató en Tarija el terror y la cacería de brujas con la ley anticorrupción, aprobada hace poco, cuya retroactividad es uno de los factores para perseguir a funcionarios de las ex prefecturas, específicamente de Tarija, Santa Cruz y Beni.
Ése era uno de los riesgos que nosotros veíamos al momento del análisis y sanción de la ley anticorrupción, su carácter retroactivo era una de las pautas para su uso contra tres prefecturas específicas del país, criticó la diputada de la oposición, Mirtha Arce.
De las tres ex prefecturas, la mayor perseguida, con mayor control y que estuvo bajo la lupa permanente del Gobierno fue Tarija, por eso no extraña de que se inicien acciones contra funcionarios allegados al ex prefecto Mario Cossío, insistió.
Con el procesamiento de tres ex funcionarios de la prefectura se confirma y se pone en evidencia el anuncio de que se iniciaría una auténtica cacería de brujas contra quienes, en su momento, fueron parte del proyecto político Camino al Cambio liderado por Cossío.
En muchos casos, delitos que no tenían pena privativa de libertad superior a 3 años y que no ameritaba la detención preventiva, con esta ley se modificaron y dieron margen a este tipo de detención, es factor de terror incorporado en la ley, criticó.
Anunció una fiscalización directa a la investigación, para velar que el proceso se desarrolle bajo el principio de probidad y objetividad, viendo que no se vulnere ninguna parte del procedimiento y respeten las garantías jurisdiccionales de los investigados.
Ese hecho develó que hubo una inacción manifiesta de la Policía, pese a tratarse de sus camaradas, como del Ministerio Público, entonces se velará que se tutelen y no se vulneren las garantías jurisdiccionales como el debido proceso, el principio de presunción de inocencia.
La retroactividad de la ley fue impuesta intencionadamente, de no ser así los imputados habrían sido procesados bajo el código penal y sus sanciones previstas, la ley anticorrupción además agravó las sanciones para los acusados.
Esto hace que muchas personas caigan en este riesgo y por eso insistió en la necesidad de severa fiscalización y mucho detalle del proceso, para que no se violen derechos y garantías de las personas, según la vicepresidenta de la brigada quien dijo estar muy preocupada por el tema.
APUNTE
Está dentro nuestras competencias fiscalizar a todos los órganos estatales, que cumplan, en el marco de sus competencias, sin excesos, sus obligaciones, acotó al indicar que hay alarma por excesos como el de Uncía, donde indígenas quechuas asesinaron a 4 policías.
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