El denunciante fue posesionado ayer como Director de Transparencia y anunció que seguirán las denuncias en base a la CPE
El gobernador de Tarija, Mario Cossío y el acalde de Cercado, Oscar Montes se hicieron presentes ante la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción para prestar declaraciones informativas. Esto por las denuncias presentadas por el ahora, Director de Transparencia de la Gobernación, Fernando Barrientos.
Cossío brindó información sobre el caso denominado IMBOL SUR, mientras que Montes tiene denuncias referidas al equipamiento del hospital San Juan de Dios y la compra de Cemento asfáltico.
Sin embargo, existe una denuncia que incluye a ambas autoridades, y es la adquisición de terrenos para la construcción de la Villa Olímpica. Trámite que supuestamente se realizó de manera irregular.
MARIO COSSÍO
El gobernador Cossío se hizo presente en el Ministerio Público cerca de las 16.30, luego de una hora y media de declaraciones ante el fiscal anticorrupción Gilbert Muñoz, no quiso atender a los medios de comunicación en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción y después de una persecución, mientras saludaba a la gente que transitaba por la calle, finalmente accedió a hablar con la prensa.
“Yo les dije que la política de la Gobernación va a ser una clarificación absoluta de cada uno de los temas que se plantea en cualquier tipo de investigación. Yo he venido voluntariamente antes de los plazos marcados para ofrecer en estos casos todo mi apoyo y ofrecer mi voluntad para que avancen en cualquier tipo de investigación”, dijo la autoridad.
Si bien no quiso especificar sobre qué casos presentó su declaración informativa, aseguró que no tienen mayor relevancia, pero que sí merecen una actitud muy clara para brindar el apoyo, el concurso de su persona para que se hagan con absoluto apego a la Ley.
Consultado sobre si prestó su declaración en relación a la denuncia del ex diputado Fernando Barrientos, por la expropiación de los terrenos donde se construye la Villa Olímpica, Cossío confirmó que se acercó a la Fiscalía para hablar sobre el tema, en el que se dejó en claro que la ex Prefectura en este caso no tiene nada que ver.
“En realidad el proceso de expropiación no lo hace la Prefectura del Departamento de Tarija, lo hizo como corresponde el Gobierno Municipal, pero también totalmente apegado a la Ley. La denuncia está así contra el Gobierno Municipal, pero creo que actuó correctamente porque es su competencia hacer expropiaciones, ahí la Prefectura no tiene ninguna intervención en el proceso de expropiación”, detalló Cossío.
Sobre el accionar del Ministerio Público, consideró que existe una profunda presión política sobre las autoridades, de lo que no le queda duda, sin embargo estarán vigilantes de que las actuaciones sean adecuadas y si no lo son, se lo denunciará al mundo entero.
Asimismo, con relación a que su nuevo Director de Transparencia fue quien presentó la denuncia señaló. “Bien, pues bien, esa es la señal nuestra de qué cuando hay algo que aclarar, venga todo el mundo adentro y lo vamos a aclarar”, aseguró.
Refirió que prestó su colaboración en el caso IMBOL SUR, en el que el Fiscal asignado al caso solicitó la anotación preventiva de sus bienes al juez cautelar, Armando Arancibia, sin embargo no quiso entrar en detalle a ese aspecto y atinó a decir que no tiene importancia y que es una “desproporción” absoluta y todo está dentro del tiempo, pero si manifestó su apreciación sobre las denuncias y la imputación formal.
“Ustedes saben que no estoy involucrado en ningún proceso de esa naturaleza. He venido a aclararles que en realidad la participación mía ha sido absolutamente apegada a la Ley. Nosotros al contrario hemos dispuesto el inicio de un proceso penal en contra de la empresa que tenía que proveernos de cemento y también de la empresa aseguradora que tenía que ejecutar las boletas de garantía que había ofrecido”, detalló Cossío.
Por su parte, la actual directora de Justicia, Rosemary Ruiz indicó que tomaron conocimiento de la denuncia por lo que se están muniendo de toda la información para poder determinar en base a qué elementos se realizó la denuncia.
“Se ha podido advertir que se firmó un documento con la Alcaldía Municipal y la Prefectura, el convenio sostiene que la Alcaldía debe proporcionar los terrenos a la Prefectura para la construcción y ejecución de la Villa Olímpica. Es así que la Alcaldía que mediante informes técnicos y legales efectúa un trámite de expropiación de esos terrenos y paga el justiprecio, asienta esos lotes a nombre de la Prefectura y comunica el trabajo que ha realizado para la ejecución de la obra”, refirió la autoridad.
Sostuvo que con certeza el ex Prefecto no tiene la competencia para expropiar terrenos, menos podría tener competencia para determinar que tipo de norma aplicaría, ya sea la Ley INRA o la Ley de Municipalidades. La denuncia se encuentra planteada en contra del ex presidente del Concejo Municipal y uno de los miembros del ente deliberante.
MONTES DECLARÓ EN LA MAÑANA
El NACIONAL encontró sorpresivamente al Alcalde Municipal, Oscar Montes, junto a sus ex oficiales mayores Juan Carlos Mena y Eliana Majluf, en las oficinas de la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción. Según se supo los tres fueron notificados por distintos casos denunciados y presentados por Fernando Barrientos.
Cuando este medio de comunicación se acercó a uno de los fiscales para obtener información, éste respondió que son temas delicados sobre los que sólo pueden dar información los mismos imputados. En todo caso, el burgomaestre tarijeño, explicó que estaban en ese lugar porque existen una serie de denuncias interpuestas por Fernando Barrientos. Contabilizó entre cuatro o cinco procesos que fueron notificados.
El primero tiene que ver con el equipamiento realizado en el Hospital San Juan de Dios. Esa fue una operación gracias a la donación del Gobierno Español a través de un crédito y donación. Según Montes, los recursos fueron manejados mediante el Banco Santander y el Ministerio de Hacienda.
“En realidad es una denuncia general contra todo el equipamiento. Barrientos toma como referencia la adquisición del Tomógrafo y realiza comparaciones con otra compra realizada por otro alcalde. Esta adquisición no estaba sujeta a la Ley SAFCO pero se aplicó el modelo. Este proceso fue auditado por la Contraloría y el Gobierno Español, por lo tanto todo está investigado”, indicó.
De todas maneras, Montes aseguró que todas las acusaciones serán contestadas con la documentación que tienen. Según la autoridad existe mucha confusión porque no hay justificación en la demanda, y todo será demostrado en las futuras declaraciones.
Por otro lado, existe otra demanda por la compra de asfalto que supuestamente no fue informada al Concejo Municipal. Sin embargo, Montes dijo que la Ley no obliga a que este tipo de contrataciones sean informadas a la entidad deliberante.
“Existe un afán político de hacer daño al Gobierno Municipal, pero nosotros tenemos todo para demostrar lo contrario de cada denuncia. Incluso hay dictámenes de la Contraloría General del Estado, pero Barrientos inició juicio incluso a esa instancia. Esto demuestra que detrás hay un afán político que es llevado adelante por un momento de rencor”, manifestó.
De acuerdo a la información proporcionada por el Alcalde, se trata de denuncias que van contra todo el mundo. No quiso señalar las otras dos porque sólo conoce las primeras mencionadas. Incluso afirmó que el Gobernador Mario Cossío está involucrado en una de las denuncias, también el ex presidente del Concejo Municipal, otros funcionarios municipales y ocho personas de la Contraloría.
“Existe una demanda penal porque Barrientos quiere meternos presos a la cárcel. Entonces hay que demostrar que hemos actuado dentro de la Ley. Esto distrae el trabajo de la Alcaldía, pero las veces que soliciten los jueces, nosotros estaremos acá”, aseguró.
QUÉ DICE EL DENUNCIANTE
Este medio de comunicación se comunicó con el denunciante y flamante Director de Transparencia del Gobierno Departamental, Fernando Barrientos, quien ratificó las denuncias interpuestas en la fiscalía contra el gobernador Mario Cossío y el alcalde Oscar Montes.
La nueva autoridad dijo que presentó cinco denuncias, la primera efectivamente tiene que ver con la adquisición de los predios para la construcción de la Villa Olímpica, porque el Concejo Municipal no pudo expropiar terrenos del área rural, ya que esa competencia la realiza el INRA.
“En esta denuncia las dos autoridades (Cossío y Montes) están implicados y por eso ratifico el hecho de que se haya inducido a realizar errores o ilegalidades, pero eso lo tendrá que decidir la instancia correspondiente”, señaló.
Barrientos explicó que su persona cumplió con su rol como diputado y ciudadano al realizar este tipo de denuncias, tal como manda la Constitución. “Ahora se generará una normativa que permita a la Gobernación asumir como uno de sus principales bastiones la transparencia en el manejo de información y de recursos económicos”, sostuvo.
Asimismo, informó sobre la segunda denuncia que tiene que ver con los descuentos ilegales al personal de la Alcaldía Municipal con el término de Oficina Central, pero debieron ser manejados a través de cuentas fiscales. Las planillas de pago presentadas por Barrientos corroboran este hecho irregular.
La tercera denuncia tiene que ver con la adquisición del equipamiento para el Hospital San Juan de Dios en sus dos fases. En la cual se manejaron recursos del Gobierno Español, y la irregularidad consiste en que el monto de dinero licitado y presupuestado no coincide. Por ende se sacó de la lista el Ecógrafo y eso implica una rebaja en el monto total de la licitación.
La cuarta denuncia tiene que ver con la compra de cemento asfáltico porque la empresa adjudicataria no tenía documentación al día, ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Comercio. Por lo tanto, sin tener representante se presentó a la licitación y pasó la primera etapa. Eso se convirtió en una irregularidad. Finalmente, la quinta denuncia va contra funcionarios públicos de la Contraloría General del Estado porque hay auditorías realizadas y están observadas.
“Deben haber autoridades dispuestas a ayudar a clarificar cualquier preocupación que se presente. Y si hay que actuar y aportar algo para esclarecer donde están las responsabilidades, yo soy el primer ciudadano en hacerlo”, dijo Cossío.
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