Con apenas un avance físico de poco más del treinta por ciento, luego de casi cuatro años de haberse suscrito el contrato de obra, ya hay oleajes fuertes en la piscina olímpica que afectan a ex funcionarios de la Prefectura y a constructores de la obra, con amenaza con tocar al actual gobernador, Mario Cossío.
En efecto, al finalizar la tarde de ayer, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecutó la orden de aprehensión contra dos ciudadanos, emitida por el fiscal del Programa Integral Anticorrupción (PIA), Marcos Arce, por supuestas irregularidades encontradas en la ejecución del proyecto de la piscina olímpica.
El subdirector de la Felcc, teniente coronel Eduardo Lema, confirmó la existencia de la orden de aprehensión. “Como Felcc estamos dando cumplimiento a la orden de aprehensión con la única finalidad, de acuerdo al documento, de detenerlos en las celdas hasta que se celebre la audiencia de medidas cautelares. Desconozco los motivos por los cuales están siendo procesados. Entiendo que este caso ingresó directamente por la Fiscalía y no así por conocimiento de la Felcc”, explicó la autoridad policial.
Ministerio Público
El fiscal Arce explicó que, a criterio suyo, por el caso de la piscina olímpica, se determinó que durante las investigaciones existían los peligros procesales de fuga y de obstaculización, esto enmarcado en los parámetros señalados por la Ley 1970 y la Ley 007, considerando que la investigación no se desarrolle con normalidad y no se llegue a una debida aplicación de la Ley Penal y consiguientemente no se cumpla con el objeto del proceso penal, que es encontrar la verdad histórica de los hechos.
“Para garantizar la aplicación de la ley y el desarrollo del proceso, la celeridad necesaria y demás aspectos, se ha determinado ordenar la aprehensión de estos dos ciudadanos para ponerlos a disposición del juez cautelar en el término de 24 horas de su aprehensión”, dijo.
Sobre la audiencia que debería celebrarse, Arce explicó que tienen previsto presentar hoy, a primera hora, la imputación formal, toda vez que están esperando la ejecución de la orden de aprehensión contra el segundo ciudadano, sin embargo, señaló que tiene conocimiento que esta persona no estaría en la ciudad, por lo que las autoridades están realizando el rastrillaje correspondiente para dar con él.
Caso contrario, indicó, al contar ya con una persona aprehendida, se pondrá a consideración del juez cautelar hoy para que se disponga de su situación procesal en la audiencia de medidas cautelares.
El caso
El fiscal Arce indicó que las investigaciones se refieren a la licitación y contrato correspondiente a la piscina olímpica, obra que, de acuerdo a la última información proporcionada por el fiscal de obra, a la fecha tiene un avance físico del 36 por ciento, cuando, según el contrato suscrito, la obra debió estar concluida en un 100% el 2 de julio próximo, lo que significaría que en menos de un mes la empresa tendría que ejecutar el 64 por ciento restante para dar cumplimiento a los plazos establecidos en el mismo contrato. “A la fecha no ha existido la recuperación total del anticipo y tienen una planilla financiera superior a la ejecución física, pese a haber transcurrido más de cuatro años de haberse suscrito el contrato, consiguientemente, para garantizar que el Estado se encuentra satisfecho con la acción penal en procura de una reparación es que se ha dispuesto su aprehensión”, declaró Arce.
Gobernador
Consultado sobre si estas investigaciones y procesos que se vienen realizando podrían afectar al Gobernador y ex prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, el fiscal señaló que en la presente causa existe un rechazo de denuncia que benefició al actual Gobernador. Este requerimiento fue dictado en septiembre del pasado año por el anterior fiscal, constituyéndose en un obstáculo al proceso investigativo.
Por tal motivo, dijo, es que se solicitó la reapertura del proceso penal al juez cautelar, Heby Ponce de León, contra el Gobernador, sin embargo, dijo que debe ser esta autoridad la que decida cuál será la suerte procesal; sin embargo, explicó que la ley establece que cuando se produce un rechazo con el numeral 1 del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal “no se debería reaperturar una investigación”, salvo que hayan elementos nuevos que lo ameriten.
“No obstante de esto, hemos hecho una solicitud para procurar reaperturar la investigación y encontrar la verdad histórica de los hechos porque, a criterio del suscrito, el rechazo adolecía de fundamentación y no estaba acorde a todos los documentos de investigación cursados en el cuaderno”, explicó Arce, a tiempo de reiterar que será el juez cautelar el que decidirá si se reabre o no la investigación contra Cossío.
Daño económico
Sobre a cuánto ascendería el daño económico ocasionado al Estado por este contrato, Arce señaló que hasta la fecha no se había cuantificado el mismo toda vez que esto forma parte de una pericia investigativa, empero, dijo que el anticipo que fue otorgado y que no fue recuperado asciende a más de 9 millones de bolivianos.
Anticipo que habría estado en cuentas particulares por más de dos años sin ser ejecutado o recuperado a favor del Estado.
Segunda persona
Consultado sobre cuál será la acción del Ministerio Público en caso que la segunda persona no sea encontrada y notificada, Arce explicó que para hoy se presentará la imputación formal en su contra y también solicitarán al juez la declaratoria de rebeldía.
“En caso de que este señor esté ausente del país será notificado a través de edictos y tendrá que ser juzgado, de acuerdo al nuevo mandato de la Ley 007 que establece el juicio en rebeldía para casos en los que se afecte el patrimonio del Estado”, precisó.
Este medio intentó comunicarse con el ex secretario general, Arturo Lema, involucrado en este caso, sin embargo, en una comunicación telefónica con personas allegadas a él, se nos informó que la ex autoridad departamental consideró necesario hablar hoy después de la audiencia que se prevé será celebrada a las 10:00 en el juzgado de Heby Ponce, toda vez que prefiere estar mejor asesorado por sus abogados.
************CUADRO*********
Son más de 9 millones de bolivianos entregados como anticipo de obras.
Los cargos contra los involucrados son:
- Incumplimiento de deberes
- Contratos lesivos al Estado
Uso indebido de influencias
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