En Punata, el Concejo decidió ayer restablecer en su cargo a su alcalde electo, Víctor Balderrama, suspendido hace sólo una semana. En Quillacollo, el MAS afina una estrategia para no acatar la Constitución y conservar así en el cargo a su alcaldesa, Carla Lorena Pinto, y en Sucre, el Concejo postergó el tratamiento de la posible licencia de Jaime Barrón, aunque éste agota todos los recursos legales para mantenerse en el cargo de alcalde.
El politólogo y ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, interpreta que los municipios se encuentran en un estado de vacíos constitucionales y legales que no permiten una salida clara.
El caso más conflictivo es el de Quillacollo, donde los concejales deberán tratar hoy el pedido de renuncia del alcalde electo (y suspendido el mismo día de la posesión, 30 de mayo), Héctor Cartagena Chacón, de Unidad Nueva Esperanza (UNE).
Cartagena fue posesionado el pasado 30 de abril, pero el Concejo (ahora con mayoría masista) lo suspendió ese mismo día alegando que la autoridad tenía acusaciones formales y había que darle licencia para su defensa legal desprovisto del cargo. El MAS eligió entonces a la concejala Pinto, del mismo partido, y pensaba consolidarla en e cargo mientras duraran los procesos contra Cartagena, acusado de varias irregularidades en su anterior gestión de Alcalde. Sin embargo, éste sorprendió en la Alcaldía cuando la anterior semana presentó su “renuncia ideclinable”, poniendo al MAS en el dilema de convocar a nuevas elecciones.
Esa carte de renuncia deberá ser tratada en la sesión de hoy.
El tema traerá inevitablemente a mesa el artículo 286 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que en caso de renuncia del alcalde antes de cmplirse la mitad de gestión, deberá convocarse a nuevas elecciones en el plazo de 90 días.
Fuentes políticas aseguraron que el MAS, que a un principio había adoptado la estrategia de negar la renuncia de Cartagena aduciendo que ya corría su suspensión, en la sesión de mañana votarán por la aceptación de la renuncia pero no convocarán a nuevas elecciones.
Ante esta situación, es probable que los concejales de UNE exijan el cumplimiento de este artículo. Aquí, la estrategia del MAS será recordar a los objetantes que ese artículo, por ahora, es de imposible cumplimiento pues no se cuenta con ley que reglamente estos casos, no está aprobada la Ley Marco de Autonomías, dentro de un par de días el país contará con nuevo Órgano Electoral, el Municipio (como cualquiera del país) tampoco cuenta con carta orgánica exigida en el mencionado artículo de la CPE. Redactar este documento, tomará al Municipio al menos unos dos años y medio, tiempo suficiente para argumentar que ya transcurrió la mitad de la gestión municipal y confirmar a la alcaldesa para que concluya el período municipal, según explicó la fuente.
Consultado sobre este tema, el presidente del Concejo de Quillacollo, Lorenzo Flores, del Frente Para la Victoria (FPV) y aliado político del MAS, dijo no saber nada de este asunto y que la renuncia de Cartagena seguramente se la tocará hoy en el Concejo cuando llegue el punto de correspondencia.
Barrón se mantiene
El alcalde de Sucre, Jaime Barrón, de Pacto de Integración Social (PAIS), expuso ayer argumentos constitucionales con los que da por cerrada la intención de suspenderlo de su cargo, mientras que el Concejo Municipal postergó una vez más el tratamiento del tema en su sesión de ayer, según reporta el diario Correo del Sur.
Según Barrón, la “ley corta” de transición, en su artículo 19, “anula” los artículos de la Ley de Municipalidades que contravengan la Constitución Política del Estado (CPE), “con lo que irrebatiblemente queda derogado el artículo 48 de la referida ley, sobre el cual los concejales del MAS y sus aliados basan sus aspiraciones de tomar el Ejecutivo”, dijo.
El presidente del Concejo Municipal, Domingo Martínez, de Primero Sucre (PS), en tanto, atribuyó la postura de Barrón a una mala interpretación del artículo 157 de la CPE que refiere a la “suspensión definitiva”, lo que no es aplicable al caso de Barrón ya que sólo sería suspendido temporalmente.
Añadió que, llegado el momento de la posible suspensión, el Concejo tratará de “equivocar lo menos posible la interpretación de la norma”, que en el presente caso “ni siquiera pide votar (para el licenciamiento de Barrón), sino sólo cumplir una formalidad para elegir un alcalde interino”.
Hasta ayer, el Concejo Municipal no recibió la acusación fiscal contra Barrón y se anunció un posible tratamiento de este tema mañana miércoles.
Barrón enfrenta una acusación fiscal por supuesta autoría en el caso de las agresiones contra campesinos el 24 de mayo de 2008.
Vuelve el alcalde de Punata
El Concejo Municipal de Punata reincorporó ayer en su cargo al alcalde electo Víctor Balderrama, de la agrupación Insurgente Martín Uchu (IMU), quien el pasado 8 de junio solicitó licencia temporal de la que luego desistió.
La resolución 51/2010 de ayer abroga, además, la resolución que nombraba como alcaldesa a Silvia Jaldín, miembro de su misma agrupación IMU.
El abogado de Jaldín, Ricardo Gonzales, dijo que ese procedimiento fue totalmente ilegal, ya que tanto la aceptación de la solicitud de licencia como la posesión de su interina y la posterior reconsideración de la licencia para reincorporarlo nuevamente y dejar sin efecto el nombramiento de la sucesora sucedieron en la misma sesión de Concejo (una sesión con cuartos intermedios).
El presidente del concejo de Punata, Jorge Arnez, que fue quien dirimió en la votación, dijo que el acto se cumplió en el marco del reglamento interno del Concejo y que, además, sirvió para apaciguar los ánimos de la gente que pretendía echar de Punata a Jaldín montada en un burro.
Balderrama ganó las elecciones a la Alcaldía de Punata con 74 por ciento, pese a que sobre él pesan dos pliegos acusatorios: uno por presunta violación de una menor de edad, cuyo juicio se celebrará de aquí a dos días, y otro por incumplimiento de deberes que, sin embargo, fue rechazado por la fiscal de Punata, María Tórrez Poquechoque, según documentos exhibidos por Balderrama.
Arnez dijo que una cosa es el tratamiento de la solicitud del alcalde electo respecto a la reconsideración de su pedido de licencia y otra la denuncia formal que pesa en su contra y por la que en cumplimiento de la Ley de Municipalidades correspondería su suspensión temporal.
ANÁLISIS
Jorge Lazarte, Politologo
“Sin reglas, la crisis reina”
La ausencia de normas claras y específicas y un fuerte componente ético y moral que no ha sido tomado en cuenta por los votantes prolongan las crisis de las alcaldías de Quillacollo y de Punata, en Cochabamba, y de Sucre, en Chuquisaca.
Ese es el criterio del politólogo y ex vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, que explicó que en ambos casos se ve que existe un enredo entre problemas legales, constitucionales y problemas ético-morales.
En el caso de Cartagena, según la Constitución, éste no estaría obligado a ser alejado del cargo mientras no haya una sentencia ejecutoriada sobre el proceso que se le sigue, pero según la Ley de Municipalidades, ante la denuncia formal sobre su proceso, corresponde la suspensión.
En el caso de Punata, juega un rol el componente ético-moral, según Lazarte, pues cómo se puede pensar que alguien pueda ser buen funcionario con acusaciones de esa naturaleza (denuncias de violación), cuestionó.
“Ahí, el problema es el voto de la gente que no considera circunstancias morales ni éticas, sólo políticas. Eso demuestra que el voto de la población no asegura calidad. El voto de la gente es simplemente apoyo político, pero puede estar reñido con la moral, con la Constitución. Hay que desmitificar la idea de que la voz del pueblo es la voz de Dios”, sostuvo.
Lazarte agregó que en ambos casos se trata de un enredo donde prima la ausencia de reglas no precisas y entrecruzamiento de intereses, sin que haya alguien que ponga orden desde el punto de vista legal ni una autoridad que dirima. En este momento no hay Tribunal Constitucional facultado y la Corte Nacional Electoral se declara fuera de competencia.
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