Ley de Deslinde se aprobará en los siguientes seis meses

La diputada Cecilia Ayllón (MAS), presidenta la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, informó que el proyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional está siendo trabajado para que pueda ser aprobado en los siguientes seis meses de trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La legisladora, en declaraciones a radio Panamericana, recordó que la futura norma se refiere a la armonización de las cuatro jurisdicciones señaladas en la Constitución Política del Estado, con la finalidad de no tener problemas en su aplicación.

“La armonización permitirá la cooperación, la colaboración y la misma coexistencia de esas cuatro jurisdicciones”, dijo Ayllón y agregó que es importante ver la realidad nacional, cuando hasta este momento se tiene un Poder Judicial único que tenía la misión de administrar justicia en toda Bolivia.

La legisladora recordó que los pueblo originarios campesinos siempre han tenido, a partir de sus usos y costumbres, varios problemas que fueron solucionados sin la participación del Estado.

“Ahora, como esta jurisdicción (indígena) está reconocida constitucionalmente como de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, se va a necesitar esa ley de armonización, entendimiento y cooperación entre estas jurisdicciones”, puntualizó la diputada del partido de Gobierno.

Sin embargo, explicó que existe una confusión respecto de la norma, ya que no es como se la quiere hacer ver, es decir, demarcará límites para las jurisdicciones, sino más bien que buscará la armonía.

“Se está construyendo (el proyecto) con la recopilación de información de todos los actores, porque no solamente los indígenas tendrán que ver con la norma, sino que interesa a todos los bolivianos”, finalizó.


PARA TOMAR EN CUENTA

Según el anteproyecto, la norma tiene por objeto establecer el deslinde de la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de competencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales se basan en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La norma determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones, a partir de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial.

La jurisdicción indígena originaria campesina y de las comunidades interculturales goza de la igualdad jerárquica con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental, y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.


Nota : Derechos Humanos