No transcurrieron ni cuatro meses de los lamentables acontecimientos vividos en la ciudad de Caranavi para que estallase otro en el prestigioso departamento de Potosí. Ambos por razones económicas. Son consecuencia del socialismo.
La nueva Constitución Política del Estado garantiza “el vivir bien” de los bolivianos, sobre todo si son “indígenas y originarios”. Como el Estado “colonial” no generó el bienestar de las mayorías y no pudo estar presente en todos los ámbitos de lo que se denomina Bolivia, los redactores de la constitución pensaron que con escribir en el papel todas las atribuciones, posibles e imposibles, para que ejerza el Estado, en todos los confines del país, se resolvía el problema de “ausencia de Estado”.
En clases sobre Política Económica, que suelo dar en la Universidad Mayor de San Andrés, en esporádicos cursos intensivos de fin de semana, con 16 horas aula, sobre economía nacional, que vengo dando en los últimos seis años, en diferentes ciudades del país, realizo un taller sobre los problemas económicos de Bolivia.
La primera vez lo hice con la expectativa que el resultado fuese una coincidencia de los participantes al momento de exponer los problemas; esperaba que la gente coincidiera en cuestiones como: desempleo, pobreza, bajo crecimiento económico, bajos salarios, etc. tomando en cuenta que la pregunta es precisa: ¿Cuál cree usted que es el problema económico fundamental del país? Grande fue mi sorpresa, con los resultados del taller; expusieron tantos problemas como participantes en el curso.
En los próximos talleres que hice al respecto, se repitió el mismo resultado. El número de problemas casi igual al número de participantes.
Excepcionalmente algún participante se adhería a lo señalado por otro. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, introduje otros elementos indagatorios: causa, solución y quién debería hacerse cargo de la solución del problema. Con esta añadidura, no había coincidencia alguna entre los participantes, pero sí había una gran concomitancia al momento de responder. ¿Quién se hace cargo de la solución del problema? Abrumadoramente suelen decir “el Estado”. Conclusión, mentalidad politizada,
Excepcionalmente algún participante se adhería a lo señalado por otro. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, introduje otros elementos indagatorios: causa, solución y quién debería hacerse cargo de la solución del problema. Con esta añadidura, no había coincidencia alguna entre los participantes, pero sí había una gran concomitancia al momento de responder. ¿Quién se hace cargo de la solución del problema? Abrumadoramente suelen decir “el Estado”. Conclusión, mentalidad politizada,
El pasado año, cuando me tocó realizar este curso en la ciudad de El Alto, noté una diferencia, la gente comenzó a señalar como responsables de la solución a los problemas, de manera conjunta, tanto al Estado como a organizaciones de la sociedad civil. ¿Será un avance? o una salida siempre utópica, pero que expresa una realidad, los problemas son de la gente.
Como parte de los talleres se introdujo la discusión grupal sobre la definición de problemas, a partir de la lista levantada previamente, para que en grupo discutiesen y se pusieran de acuerdo en definir “un solo problema” y planteasen en conjunto la propuesta de solución. En algunos grupos la discusión se veía intensa, en otros se veía pasividad. Como el tiempo está limitado necesariamente tienen que llegar a una propuesta conjunta y así lo hacen.
Efectuadas las exposiciones de conclusiones al “plenario”, se observaba que el problema elegido recogía el planteamiento de alguno de los miembros del grupo con “mejor discurso”, y que los demás no insistían mucho en sus propias visiones. Así se llegaba al consenso; al fin esto era un ejercicio y era hora ya de terminar la clase, pero no sería así de fácil si el hecho fuese real, expresión de intereses y, más, si detrás de esta decisión se encontraría la utilización de recursos públicos.
Estos talleres terminan con una reflexión sobre lo dificultoso que es buscar soluciones colectivas y no individuales, lo que implica politizar los problemas económicos de la gente, donde todo vale. Acostumbro hacer analogía entre lo sucedido en el taller con lo que habitualmente puede acontecer en una asamblea legislativa donde están los representantes de los intereses más diversos que conviven en toda sociedad.
En todo parlamento, más o menos democrático, se discuten los problemas económicos que deben ser enfocados por la política económica y resueltos al momento de aprobar la asignación de recursos públicos, hecho que se realiza cuando se aprueba el presupuesto público de un país. En estos escenarios, lo que sucede es que algún interés particular se impone sobre los demás; en otros casos, donde el poder se encuentra más disperso, surge la permanente negociación: “Esto para mí, esto para ti”. Y estas negociaciones no son eficientes, no optimizan el rendimiento de lo producido.
Bolivia, un país con un Poder Legislativo siempre débil, cuyas labores, en los hechos, es sustituida por la acción del Poder Ejecutivo, no se realizan los debates supuestos en mis talleres. Los intereses particulares no se intermedian a través del Organo Legislativo sino se canalizan directamente al Organo Ejecutivo.
Las presiones para que el Ejecutivo atienda los intereses de las “oligarquías” se lo hace de manera sutil, solapada; en cambio las presiones de los denominados “movimientos sociales” se lo hace de manera abierta, brutal, con bloqueos, donde todo vale, marchas que interrumpen el normal funcionamiento del país, y hasta con muertos, como ocurrió en el grave conflicto, durante el mes de mayo, del año en curso, en la provincia de Caranavi del Departamento de La Paz. Esta convulsión duró 12 días, implicó bloqueo de caminos, paralización del turismo, actividad importante en la región; mil pasajeros diarios impedidos de dirigirse a la ciudad de Caranavi, imposibilidad de transportar productos perecibles de la región hacia otros destinos, con más de mil pequeños productores frutícolas afectados, producción que estaba destinada a la exportación o a su previo procesamiento. Se estimó una pérdida de un millón de dólares. El problema: unos a favor de que se instale una “planta procesadora de cítricos” en la ciudad de Caranavi y, otros, en el norte de la provincia donde se ubica Alto Beni. Unos decían “a Caranavi le corresponde el café y Alto Beni le corresponde los cítricos”. El gobierno inicialmente pidió que ellos se pongan de acuerdo. Cuatro, de cinco, federaciones del lugar querían que la planta se instalase en Caranavi y la otra en Alto Beni.
Y todo esto ¿para que? Para que el gobierno del Presidente Morales tomase una decisión salomónica. Prometió que el Estado construirá, a falta de una, dos plantas procesadoras de cítricos, una en la ciudad de Caranavi y otra en Alto Beni, sin ningún estudio técnico previo, pero se dice que costará, cada una de ellas, ¡dos millones de dólares! por supuesto, un monto muy por debajo al que se utilizó para la compra del avión presidencial, o del nuevo armamento comprometido para las FFAA.
¿Es poco dinero para los bolivianos cuatro millones de dólares? ¿De donde sale este costo? ¿Cómo se lo financiará? Si no se ha efectuado el proyecto a diseño final ¿Cómo se puede saber que ese es el monto requerido para la inversión? ¿No será que se instalarán plantas sobredimensionadas para la cantidad de cítricos que se produzca en la región? Seguramente alguna gente en el gobierno dirá que estos criterios son “capitalistas”, y, en verdad, lo son.
Si la instalación de una planta de cítricos fuese determinada por el mercado y no por el Estado, habría algún privado que, viendo que es un buen negocio, la instalaría en la mejor localización al interior de esa provincia o fuera de ella, pero bajo su propio riesgo, y de seguro con una inversión mucho menor a los ¡dos millones de dólares! Si saldría mal, pierde su capital invertido, Si saldría bien todos ganarían, comenzando por los productores de cítricos, quienes ya no tendrían bienes perecibles, y los consumidores tendrían un producto competitivo con el importado. Este mismo argumento es válido si se trata de una empresa de cemento.
Transcurrieron 19 días, con pérdidas millonarias, hasta que el gobierno acordase con Potosí, bajo presión, su “pliego petitorio”. ¿Cumplirá lo acordado? Potosí y Oruro reclaman la pertenencia del cerro Pahua, que contiene piedra caliza y sirve para producir cemento. ¿Será la solución dos empresas de cemento, cuando las existentes son suficientes? Se habla de ¡300 millones de dólares para hacer realidad las fábricas!
Cuando se politiza la asignación de recursos se cae en la ineficiencia. Poca importa, cuando cuesta, total, el Estado paga.
Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas
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