 Legislativo aprobará norma para regular el control social. |
• “Quién garantiza que los miembros de la Conalcam sean todos honestos e imparciales”, cuestionó el sociólogo y analista Fernando Untoja.
Mediante la estrategia de “constitucionalizar” al Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) encumbrando a sus integrantes al sistema del Control Social que busca ser un “suprapoder”, el Gobierno del MAS tiene la intención de establecer una “organización social controlada por el oficialismo”, igual al régimen no democrático de Libia. El análisis corresponde al sociólogo y docente universitario, Fernando Untoja.
La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) nació en un momento específico para apoyar al Gobierno central; sin embargo, las posibilidades de atribuirle competencias mayores, como brazo operativo del oficialismo, son inconstitucionales, según el analista Untoja.
Para el analista político, la Conalcam fue creada como un instrumento del partido en función de Gobierno, por tanto no se impondrá ante las demás organizaciones sociales para regular las demandas de los sectores sociales, situación totalmente contraria a la Carta Magna.
OPOSICIÓN SOCIAL CONTROLADA
“Esta pretensión de la Conalcam se convierte en una instancia de suprapoder por encima de los órganos del Estado y de las organizaciones sociales, convirtiéndose en una dictadura que controle y persiga a todo ciudadano que manifieste su desacuerdo con el Gobierno”, dijo.
“Debemos preguntar quién garantiza que los miembros de la Conalcam sean todos honestos e imparciales, porque Conalcam decidirá cuáles demandas son viables, cuándo se marcha contra el Gobierno y todo estaría controlado como ocurrió en Libia con el régimen de Moammar Khadafy que tenía una oposición en la sociedad, pero controlada”, explicó.
Además, dijo que los miembros del Control Social deben ser aquellos involucrados en los diferentes niveles de administración del Estado, como ocurre ahora con la participación de juntas vecinales, sindicatos y otras entidades involucradas en la supervisión de las reparticiones estatales.
“Para la formación del Control Social deben participar organizaciones vecinales, sociales, sindicales, pero no centralizados en la Conalcam con gente acreditada en cada región y en cada función, pero esta intensión de la Conalcam sólo busca mayor control político en la sociedad”, finalizó Untoja.
El planteamiento de convertir a la Conalcam en principal fuente del Control Social fue presentado en un proyecto de esta organización que, sin embargo, no obedece a los parámetros de la CPE que explican a este medio de regulación y fiscalización del Estado como atribución privativa de la sociedad civil organizada.
ANALIZAN ALCANCES
Por su parte, el senador Fidel Surco, durante dos gestiones presidente de Conalcam, explicó que la propuesta presentada por esa organización busca formar parte fiscalizadora del manejo de la administración del Estado, aunque se estudiarán los alcances de este denominado suprapoder.
“Se está viendo que sea un suprapoder que está por encima de un gabinete de ministros y creemos que hay que ver esta situación para analizar fríamente y calcular qué es lo que puede pasar”, informó.
Este dirigente y legislador ha sido duramente criticado al interior de las organizaciones sociales del MAS por haber incurrido en graves faltas de tránsito y haber sido detenido en las dependencias policiales de la ciudad de El Alto por conducir en estado de ebriedad. Al momento, el proceso continúa y Surco aseguró que el conductor del vehículo era su chofer.
CARTA MAGNA
La Constitución Política del Estado establece que debe existir un mecanismo de control social para regular, observar y fiscalizar la administración del Estado.
El Artículo 241 dicta: “II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”.
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