El Ministerio Público y la parte acusadora por la masacre de Porvenir, Pando, presentaron ayer la fundamentación del caso.
El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández fue identificado ayer como el autor mediato del asesinato de 13 campesinos en los hechos del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, por lo que se ratificó el pedido de su condena a 30 años de privación de libertad, en el marco del juicio oral instaurado en su contra y otras 25 personas.
El Ministerio Público fundamentó la acusación establecida en el caso, que plantea el procesamiento de los implicados por los delitos de asesinato, homicidio, asociación delictuosa, lesiones graves y gravísimas, concurso real y participación criminal.
El fiscal Eduardo Morales estableció en su argumento que quedó establecido que la ex autoridad pandina era el líder de una estructura bien organizada, que tenía el control y el dominio de la voluntad de miles de funcionarios que trabajaban en las dependencias prefecturales que estaban bajo su cargo.
El operador de justicia estableció que, con el poder que poseía (Fernández), fue el causante de que decenas de campesinos hayan sido insultados, amenazados, perseguidos, torturados y asesinados el día de los hechos por empleados de la Prefectura de Pando, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) y la Alcaldía de Porvenir.
El representante del Ministerio Público expuso que los delitos contra los trabajadores del agro fueron cometidos cuando estaban desarmados y apenas contaban con un plato, una cuchara y caneco para asistir a un ampliado convocado por el líder de su federación.
“Las personas que frenaban su paso les dijeron que no sean tercos, que vuelvan. Como no van a entender indios de tales, collas de tales; pero los campesinos les respondieron que no estaban yendo a provocar a nadie ni a enfrentarse”, aseveró.
El insulto, añadió, pronto pasó a la advertencia de que si llegaban a Cobija les iban a esperar cerca de 1.000 hombres desplegados por Fernández que les iban a matar como a perros.
El fiscal mencionó que todo lo expuesto será probado a lo largo del juicio, para que lo sucedido no quede en la impunidad.
El abogado del dirigente Jorge Borobobo, Juan Alípaz, fundamento también su acusación particular, donde estableció que Leopoldo Fernández fue responsable directo de la creación de una fuerza armada paralela a la legalmente establecida, cuya tarea principal era mantener la estructura de poder que poseía en Pando.
El acto procesal fue realizado en medio de gritos y demandas para que se haga justicia, impulsados por los parientes de las víctimas y decenas de activistas de la defensa de los derechos humanos de varias instituciones.
Carrasco: Se quiso dar escarmiento
La abogada de tres normalistas torturados y asesinados en Porvenir, Mary Carrasco, estableció que los hechos del 11 de septiembre de 2008 fueron suscitados para dar un escarmiento a los campesinos que se levantaban contra la estructura de poder de Leopoldo Fernández, además de que estaban ligados a una intención de debilitar y derrocar al Gobierno.
La jurista fundamentó la acusación particular con esos criterios y el entendido de que lo acaecido fue un producto, en especial, de una lucha de humildes trabajadores del agro por la defensa de su tierra y la búsqueda de la igualdad social.
La representante legal determinó que la tesis que expondrá y defenderá durante el proceso penal hará énfasis en esos parámetros y otros que expondrán las causas y los efectos del accionar de quienes persiguieron, torturaron, mataron e hirieron a decenas de estudiantes y campesinos. “Señores de este tribunal, vamos a hablar de la vida. No estamos hablando de millones, sino de la vida de seres humanos”, recordó.
El abogado del comité impulsor del proceso penal, Mario Panique, presentó su fundamentación para hacer énfasis en la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores del agro que estuvieron en Porvenir.
El jurista recordó que su representación está dirigida a exponer los extremos de tales vulneraciones, además de los efectos que continúan vigentes por las profundas huellas psicológicas que quedaron en mujeres y niños que acompañaban a los comunarios masacrados, perseguidos y torturados el día de los hechos.
El otro representante legal del comité impulsor, Mario Zapana, tomó también la palabra para establecer que durante el juicio se demostrará que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cometió delitos al ordenar que se frenara el ingreso de campesinos a Cobija.
El abogado dijo que los funcionarios a cargo la ex autoridad son igualmente responsables de los crímenes porque cumplieron la instrucción, en lugar de efectuar sus funciones específicas, e incluso provocaron la muerte de 13 personas con el uso de armas de fuego.
Ingresará en la etapa de incidentes
El juicio por la masacre de Porvenir entró ayer en un nuevo cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre, para luego ingresar en la etapa de la presentación de incidentes de los 26 acusados.
Los jueces técnicos y ciudadanos del Tribunal de Sentencia Sexto determinaron la suspensión momentánea de las audiencias porque los abogados defensores plantearon que ofrecerán decenas de recursos que deberán sustentar en forma oral y no se tenía el tiempo suficiente para el acto procesal.
El presidente de esa instancia judicial, César Portocarrero, estableció que la reanudación tendrá un límite de tiempo en las presentación de los incidentes y las argumentaciones por la excesiva cantidad de acusados.
En ese sentido, señaló que los abogados que tengan más clientes contarán con entre 30 y 40 minutos para sus exposiciones, y los otros accederán a menor tiempo.
Los juristas que representen a dos acusados tendrán 15 minutos por cada uno de los involucrados para exponer sus recursos. La parte acusadora tendrá tiempo similar para presentar sus argumentos.
La audiencia del 17 de septiembre será efectuada tanto en la mañana como en la tarde, para darle celeridad al proceso.
El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández fue identificado ayer como el autor mediato del asesinato de 13 campesinos en los hechos del 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir, por lo que se ratificó el pedido de su condena a 30 años de privación de libertad, en el marco del juicio oral instaurado en su contra y otras 25 personas.
El Ministerio Público fundamentó la acusación establecida en el caso, que plantea el procesamiento de los implicados por los delitos de asesinato, homicidio, asociación delictuosa, lesiones graves y gravísimas, concurso real y participación criminal.
El fiscal Eduardo Morales estableció en su argumento que quedó establecido que la ex autoridad pandina era el líder de una estructura bien organizada, que tenía el control y el dominio de la voluntad de miles de funcionarios que trabajaban en las dependencias prefecturales que estaban bajo su cargo.
El operador de justicia estableció que, con el poder que poseía (Fernández), fue el causante de que decenas de campesinos hayan sido insultados, amenazados, perseguidos, torturados y asesinados el día de los hechos por empleados de la Prefectura de Pando, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) y la Alcaldía de Porvenir.
El representante del Ministerio Público expuso que los delitos contra los trabajadores del agro fueron cometidos cuando estaban desarmados y apenas contaban con un plato, una cuchara y caneco para asistir a un ampliado convocado por el líder de su federación.
“Las personas que frenaban su paso les dijeron que no sean tercos, que vuelvan. Como no van a entender indios de tales, collas de tales; pero los campesinos les respondieron que no estaban yendo a provocar a nadie ni a enfrentarse”, aseveró.
El insulto, añadió, pronto pasó a la advertencia de que si llegaban a Cobija les iban a esperar cerca de 1.000 hombres desplegados por Fernández que les iban a matar como a perros.
El fiscal mencionó que todo lo expuesto será probado a lo largo del juicio, para que lo sucedido no quede en la impunidad.
El abogado del dirigente Jorge Borobobo, Juan Alípaz, fundamento también su acusación particular, donde estableció que Leopoldo Fernández fue responsable directo de la creación de una fuerza armada paralela a la legalmente establecida, cuya tarea principal era mantener la estructura de poder que poseía en Pando.
El acto procesal fue realizado en medio de gritos y demandas para que se haga justicia, impulsados por los parientes de las víctimas y decenas de activistas de la defensa de los derechos humanos de varias instituciones.
Carrasco: Se quiso dar escarmiento
La abogada de tres normalistas torturados y asesinados en Porvenir, Mary Carrasco, estableció que los hechos del 11 de septiembre de 2008 fueron suscitados para dar un escarmiento a los campesinos que se levantaban contra la estructura de poder de Leopoldo Fernández, además de que estaban ligados a una intención de debilitar y derrocar al Gobierno.
La jurista fundamentó la acusación particular con esos criterios y el entendido de que lo acaecido fue un producto, en especial, de una lucha de humildes trabajadores del agro por la defensa de su tierra y la búsqueda de la igualdad social.
La representante legal determinó que la tesis que expondrá y defenderá durante el proceso penal hará énfasis en esos parámetros y otros que expondrán las causas y los efectos del accionar de quienes persiguieron, torturaron, mataron e hirieron a decenas de estudiantes y campesinos. “Señores de este tribunal, vamos a hablar de la vida. No estamos hablando de millones, sino de la vida de seres humanos”, recordó.
El abogado del comité impulsor del proceso penal, Mario Panique, presentó su fundamentación para hacer énfasis en la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores del agro que estuvieron en Porvenir.
El jurista recordó que su representación está dirigida a exponer los extremos de tales vulneraciones, además de los efectos que continúan vigentes por las profundas huellas psicológicas que quedaron en mujeres y niños que acompañaban a los comunarios masacrados, perseguidos y torturados el día de los hechos.
El otro representante legal del comité impulsor, Mario Zapana, tomó también la palabra para establecer que durante el juicio se demostrará que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cometió delitos al ordenar que se frenara el ingreso de campesinos a Cobija.
El abogado dijo que los funcionarios a cargo la ex autoridad son igualmente responsables de los crímenes porque cumplieron la instrucción, en lugar de efectuar sus funciones específicas, e incluso provocaron la muerte de 13 personas con el uso de armas de fuego.
Ingresará en la etapa de incidentes
El juicio por la masacre de Porvenir entró ayer en un nuevo cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre, para luego ingresar en la etapa de la presentación de incidentes de los 26 acusados.
Los jueces técnicos y ciudadanos del Tribunal de Sentencia Sexto determinaron la suspensión momentánea de las audiencias porque los abogados defensores plantearon que ofrecerán decenas de recursos que deberán sustentar en forma oral y no se tenía el tiempo suficiente para el acto procesal.
El presidente de esa instancia judicial, César Portocarrero, estableció que la reanudación tendrá un límite de tiempo en las presentación de los incidentes y las argumentaciones por la excesiva cantidad de acusados.
En ese sentido, señaló que los abogados que tengan más clientes contarán con entre 30 y 40 minutos para sus exposiciones, y los otros accederán a menor tiempo.
Los juristas que representen a dos acusados tendrán 15 minutos por cada uno de los involucrados para exponer sus recursos. La parte acusadora tendrá tiempo similar para presentar sus argumentos.
La audiencia del 17 de septiembre será efectuada tanto en la mañana como en la tarde, para darle celeridad al proceso.
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