El viceministro de Pensiones, Mario Guillén informó que con la nueva ley de pensiones, los empleadores que retengan aportes de los trabajadores para su jubilación serán sancionados con cárcel, previo proceso penal, que iniciará la Gestora Pública. Guillen prevé que la sanción será de más cinco años.
"Estamos todavía evaluando (la pena) queremos que sea más de cinco años porque lo que queremos es que si el empleador se ha apropiado de estos aportes, él pueda entrar a la cárcel", aseveró la autoridad de pensiones.
Guillén explicó que se establecerán dos tipos de procesos, el primero es el civil que está destinado a la recuperación de los aportes laborales y el penal por la retención ilegal de los aportes de los trabajadores.
La nueva Gestora de Pensiones será la encargada de iniciar los procesos penales en contra de los empleadores, gerentes generales y representantes legales que estén vinculados con el delito de la retención de los aportes laborales y no los trabajadores.
"Los empresarios que descuenten a los trabajadores y no aporten por ellos al sistema (de pensiones) estarán penados por cárcel y se ha establecido un delito previsional que se llama el aporte indebido de los aportes de los trabajadores", argumentó
La gestora que se querellará con los empleadores y cómplices por la retención de los aportes será luego de esperar un mes, es decir, si el aporte laboral es de junio y no se cancela durante julio, el uno de agosto se iniciará el juicio.
"Cuando te descuentan y no aportan es en realidad te están robando tu dinero porque eso es parte de tu sueldo; entonces, ahí el (empleador) tendrá que consensuar o conciliar con el trabajador en la medida en que ellos puedan aportar", subrayó.
Guillén manifestó que la tipificación específica del delito que se anota en el proyecto de ley de pensiones se debe a que muchos jueces en la actualidad no dan curso a procesos legales por la retención de aportes con el argumento que no existe una caracterización jurídica específica.
En el caso del sector "público hoy es el principal aportante, se ha establecido un mecanismo de cobro de las entidades públicas donde antes de transferirles los recursos para el pago de sueldos ya se les descuenta y se aporta" a cada una de las cuentas de los trabajadores, resaltó.
A decir de Guillen, en el caso de los juicios civiles se está estableciendo un proceso coactivo que no podrá durara más de 90 días y se podrá ejecutar en similar tiempo.
El viceministro concluyó que cuando se inicia un proceso civil se podrán anotar los bienes y ver la manera de congelar de cuentas para que el empresario o empleador no se deshaga mientras dure el proceso.
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