El jueves 4 de noviembre la radio Pio XII de la Red Erbol informó que el ex presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza, presentó al Ministerio Público cinco denuncias contra el periódico “La Patria”, de Oruro, por supuestas faltas identificadas en la nueva Ley contra el racismo y toda forma de discriminación.
El Director de “La Patria”, Marcelo Miralles, declaró el viernes 5 de noviembre a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que no conoce ninguna información oficial al respecto. Aseguró que tampoco ha recibido notificación alguna del Ministerio Público.
“Emitiremos (a nombre de “La Patria”) un pronunciamiento cuando tengamos alguna comunicación oficial del caso. A través de la Red Erbol conocimos que hemos sido acusados por el ex presidente de la Corte Departamental Electoral. Si así fuera, nos defenderemos utilizando los recursos establecidos por Ley”, dijo Millares.
De acuerdo a la Red Erbol, David Apaza afirmó que “voy a ser el primero en estrenar la Ley (contra el racismo y toda forma de discriminación) aquí en el departamento de Oruro”. Acuso a “La Patria” de publicar artículos y notas que habrían mellado su dignidad, aunque no identificó cuál sería la vinculación de esos presuntos hechos con la Ley contra el racismo.
“No sé a qué notas hace referencia el señor Apaza. En todo caso, la falsa acusación de un delito puede ser considerada como una calumnia. Cuando conozcamos de qué se trata el caso asumiremos una respuesta institucional y legal”, dijo el Director de “La Patria”.
El artículo 16 de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación establece sanciones económicas y suspensión de licencias a los medios de comunicación que difundan o ideas racistas o discriminatorias, mientras el artículo 24 establece una pena de uno a cinco años a la persona que por cualquier medio incurra en una manifestación de racismo.
Los dos artículos de la Ley han sido rechazados por las principales organizaciones periodísticas de Bolivia, al considerar que conculcan la libertad de expresión. Al respecto, se encuentra en marcha una campaña nacional de recolección de firmas para plantear a la Asamblea Legislativa Plurinacional la anulación de ambos artículos, mediante los procedimientos constitucionales que correspondan.
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