Las Alcaldías de Oruro, Santa Cruz y Potosí piden al Gobierno eliminar el Decreto Supremo 21060, que pone en vigencia la libre oferta y demanda, porque protege a los especuladores y no permite una regulación de precios como es la intención de las Intendencias Municipales.
La Alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel Flores, informó que cuando los agentes de la Intendencia pretenden poner freno a la especulación, no faltan comerciantes que se apoyan legalmente en la vigencia del DS 21060, la libre oferta y demanda, norma que los ampara y evita sancionarlos "por el daño que hacen al bolsillo de la sociedad".
"El Gobierno si está en un escenario de cambio, pues de una vez elimine la libre oferta y demanda del neoliberalismo, el gobierno dice que hay un cambio profundo que están encaminando en una vida social es verdad pero queremos cambios de fondo y la ley sigue vigente", manifestó Pimentel.
La Alcaldesa relató que cuando realizan operativos los comerciantes ponen el precio que quieren, "hay libre oferta y demanda nos dicen y los afectados son la población, el bolsillo de los bolivianos. Lamentablemente el Gobierno no asume su responsabilidad y prefiere echar responsabilidad a las Municipalidades por eso primero pedimos que elimine el Decreto", dijo.
Esa misma solicitud fue realizada por el Oficial de Seguridad Ciudadana del Municipio de Santa Cruz, José Canudas, quien aseguró que en los operativos realizado por la Alcaldía cruceña, los comerciantes se escudan que en el país existe la libre oferta y demanda para evitar ser encarcelados, por lo cual demandó la eliminación de esa política instituida en el Decreto Supremo 21060.
Indicó que en las batidas junto a un equipo de siete Fiscales lo más que pueden hacer en materia de control de precios, es exigir la exposición de precios de los principales artículos de la canasta familiar, con datos proporcionados por los productores.
A modo de ejemplo, explicó que el precio de la carne no debería pasar de los 27 bolivianos porque de acuerdo los frigoríficos el kilo/gancho cuesta 18.50 bolivianos y en el mercado no debería ser más de 26 o 27 bolivianos.
Por su lado, el Intendente Municipal de Potosí, Marcelo Oporto, relató a fin de octubre que por efecto del 21060 no está permitida la regulación de precios, lo cual daría lugar a una especulación en contra de la economía familiar.
Nota : Jornada
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