Alistan procesos contra gobernador y munícipes

Afectados. Concejo de Buenavista define hoy si procede la suspensión o no del alcalde Chávez. La edil Desirée Bravo también enfrenta una acusación. Alistan otra imputación contra Costas



Tres autoridades cruceñas enfrentan procesos judiciales que los exponen a una posible suspensión temporal de sus funciones. Una de ellas es el alcalde de Buenavista, Bladimir Chávez, que acudirá hoy al Concejo Municipal, donde se definirá si se mantiene o no en el cargo.
El burgomaestre, que postuló por la agrupación Verdes, advirtió que se defenderá de la acusación presentada por el MAS sobre el uso indebido de bienes del Estado y el acarreo de personas para la elección del 4 de abril.         
Por este mismo hecho, el 13 de julio fue detenido preventivamente, durante dos días, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Yapacaní, después de prestar su declaración informativa.
Al respecto, Chávez dijo ayer, en conferencia de prensa, que  enfrentará el proceso con la frente en alta. “Utilizaremos la democracia y las leyes para demostrar mi inocencia y completar mi mandato como alcalde, por cinco años, como lo establece la Constitución Política del Estado”, señaló el burgomaestre.
El otro caso es el de la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desirée Bravo, que también enfrenta una acusación formal por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, irregularidades supuestamente cometidas en la tramitación del título de bachiller. La notificación llegó al Concejo, pero ahora se aguarda su tratamiento.
Mientras tanto, ayer un grupo de vecinos salió en defensa de la concejala y anunció medidas de presión para hacer respetar el voto de la ciudadanía, que eligió a Bravo.
Por su lado, desde La Paz, el abogado del fiscal Marcelo Soza anunció que tiene lista las pruebas para solicitar la imputación formal por desacato en contra del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que calificó al representante del Ministerio Público como títere del Gobierno.
En respuesta, el Gobernador dijo que el oficialismo ha iniciado una serie de juicios políticos en su contra, pero que no lo han podido sacar del camino porque cuenta con el apoyo popular.
“Cuando quieran llevarme preso, lo van a hacer; si ahora no lo hacen es por la legitimidad y por el apoyo del pueblo”, manifestó Costas.
A estos tres hechos se suman el del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, que será procesado penalmente por la vía ordinaria y no gozará de fuero constitucional alguno, según determinó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y del gobernador de Tarija, Mario Cossío, que enfrenta 55 procesos judiciales iniciados por sectores afines al MAS por supuestos actos de corrupción.
Otra autoridad que también está en problemas es el alcalde suspendido de Bermejo (Tarija), Delfor Burgos que está con detención domiciliaria porque desatendió el fallo judicial que impedía mantener contacto con trabajadores de la municipalidad.
En Potosí, el Concejo Municipal suspendió, el 18 de agosto, al alcalde René Joaquino, que fue acusado de conducta antieconómica por la adquisición de vehículos de medio uso. A su vez, el alcalde de Sucre Jaime Barrón renunció al cargo después que fue acusado de alentar hechos racistas contra campesinos en 2008.
Para la representante de Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, la democracia en Bolivia ha tenido importantes avances con la inclusión, pero los gobernantes necesitan ser tolerantes.
Soza reúne pruebas contra Costas Recortes de periódicos, grabaciones de audio y video son los tres elementos que configuran la ‘prueba’ que dice tener el abogado del fiscal Marcelo Soza, Moisés Ponce de León, para solicitar la imputación formal del gobernador cruceño, Rubén Costas.
Soza evitó referirse a este caso y dejó toda la responsabilidad de la causa en manos de su abogado, que tiene los documentos para solicitar la imputación.
En su criterio, estos elementos son suficientes para que los fiscales Dorian Jiménez y Patricia Santos, que están a cargo de este caso, presenten la imputación ante el juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal, aunque este juzgado está acéfalo desde que su titular, Álvaro Melgarejo, fue suspendido.
Soza acusó por el delito de desacato al Gobernador de Santa Cruz, luego que éste declarara que el fiscal es un títere del Gobierno, en referencia al caso terrorismo que investiga el fiscal paceño.
Es la segunda acusación por el mismo delito que está a cargo de los mismos fiscales que llevan adelante el juicio que instauró el Vicepresidente.
Sobre este caso, la fiscal Patricia Santos  informó de que están a la espera de la fecha y hora de la audiencia cautelar contra el gobernador y que ya fue solicitado al juzgado correspondiente.
En respuesta, el gobernador Rubén Costas  dijo que el Gobierno busca por todos los medios crearle juicios, pero lo único que consigue con estos procesos es sumarle más apoyo de la población. Reiteró que por una cuestión de principio no acudirá a La Paz cuando haya alguna citación./MCH.
  Qué dice La ley 
CPE (Art. 28).  El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: 1) Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. 2) Por defraudación de recursos públicos. 3)  Por traición a la patria. En este artículo se respaldan los acusados para señalar que la petición de suspensión temporal es inconstitucional, cuando no hay sentencia ejecutoriada.

Ley 031 . Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Art..144). Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales de las entidades territoriales autónomas podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal.

Art 145 . Para proceder a la suspensión temporal de funciones prevista en el artículo anterior, necesariamente deberá seguirse el siguiente procedimiento: 1). Habiendo acusación formal, el fiscal comunicará la suspensión al órgano deliberativo de la entidad territorial autónoma respectiva, la cual dispondrá, de manera sumaria y sin mayor trámite, la suspensión temporal de la autoridad acusada designando, al mismo tiempo y en la misma resolución a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento. 2) Cuando se trate de la máxima autoridad ejecutiva, la autoridad interina será designada de entre las y los asambleístas y/o concejalas y concejales...


Nota : El Deber