El ex gobernador de Tarija Mario Cossío, el martes en Asunción.- EFE
Las autoridades bolivianas no han ocultado su disgusto por la concesión de asilo político en Paraguay y Brasil a cuatro opositores al Gobierno de Evo Morales implicados en Bolivia en dos procesos judiciales distintos.
El lunes se conoció que Brasil ha otorgado asilo al juez de Santa Cruz Luis Hernando Tapia Pachi y a otras dos personas, los tres vinculados con la investigación del polémico caso Rózsa, la presunta conspiración para acabar con la vida de Morales. Mientras, el martes, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Paraguay otorgó protección al defenestrado gobernador del departamento boliviano de Tarija, Mario Cossío, quien había entregado grabaciones de audio y vídeo como prueba del compló que militantes del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, presuntamente preparaba para derrocarle.
Los lamentos no se dejaron esperar en el oficialista MAS, que atribuyó la concesión de refugio a una manipulación de la derecha paraguaya, según afirmó la diputada Rebeca Delgado. El jefe del grupo parlamentario del MAS, Edwin Tupa, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia gubernamental de informaciones, que presumía “que ha corrido recursos por debajo para que le den refugio, porque no puede ser que las autoridades de Paraguay, sabiendo de la investigación que se sigue a Cossío, acepten dar[le] refugio”.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, adelantó que el suspendido gobernador será juzgado en ausencia y rebeldía en 27 procesos por medio centenar de cargos en su contra. Por su parte, la oposición calificó la decisión de la Conare paraguaya como una lección de respeto al sistema democrático latinoamericano.
La Comisión Nacional de Refugiados de Brasil también ha concedido asilo político a tres bolivianos. El juez cruceño Tapia Pachi se enfrentó a jueces y fiscales de La Paz en defensa de la competencia y jurisdicción natural que le asistía en el caso Rózsa: la desmantelación de un presunto grupo terrorista con una operación policial en la que fueron abatidos a tiros tres europeos -entre ellos el húngaro boliviano Eduardo Rózsa- y que desembocó en el procesamiento de 39 opositores.
Polémico vídeo
El caso, que tras una larguísima investigación ha entrado en la fase de acusaciones formales, ha recobrado actualidad por la difusión de un vídeo que muestra el pago de dinero a uno de los principales testigos, cuyas declaraciones involucraron a parte de la élite empresarial cruceña y líderes regionales de la oposición, acusados de presunta confabulación separatista.
El vídeo, difundido por varios medios locales, muestra a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, -con numerosos antecedentes policiales por estafa- en el momento de recibir 31.500 dólares -como “último pago”, dice quien entrega el dinero- poco antes de cruzar la frontera boliviana.
Las filtraciones de papeles del Departamento de Estado de EE UU por Wikileaksseñalan la sospecha de un montaje gubernamental en este caso para eliminar a presuntos adversarios de una región que busca la autonomía. La Cancillería pidió explicaciones al encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz por este asunto y dos fiscales en la sede de Gobierno han convocado a declarar a los periodistas de Cadena A y de la cadena radiofónica Erbol para que respondan sobre la procedencia del vídeo y “mediante peritaje, la veracidad del mismo”, informó la fiscal de distrito Betty Yañiquez.
De acuerdo con la prensa local, quien entrega el dinero a El Viejo en el vídeo es supuestamente Carlos Núñez del Prado, ex jefe de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que hasta el viernes trabajaba con el Defensor del Pueblo. Renunció a su puesto y no se conoce su paradero.
La Red Uno de Televisión informó el martes de que este ex alto cargo es hijo adoptivo de un alto dirigente del MAS y pariente político del ex ministro Alfredo Rada, bajo cuya gestión se produjo la violenta operación policial del caso Rózsa. Rada ha afirmado en una entrevista con Radio Erbol que la difusión de este vídeo es “una trampa que se tiende al proceso de investigación, que perjudica al Ministerio de Gobierno [Interior]. Es un intento de evitar el avance del juicio”.
El presidente Morales declaró el 16 de abril de 2009 que había dado instrucciones para detener a un grupo de mercenarios internacionales que urdía un magnicidio. Más tarde se habló de terrorismo y después de proyectos de separatismo.
La filtración de otro vídeo daba cuenta de una desmentida “siembra de pruebas” para incriminar a los presuntos mercenarios, cuya autopsia reflejó disparos a corta distancia. La operación policial les pilló literalmente en calzoncillos y con sus armas guardadas, de acuerdo con las conclusiones en minoría de una investigación parlamentaria.
El fiscal Marcelo Sosa ha informado de su decisión de llegar al juicio lo más pronto posible, pese a que los vídeos aparecidos amenazan con desbaratar su investigación y hacer aflorar las dudas en torno a un caso que los líderes cruceños han calificado repetidamente de montaje.
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