Tarija.- El gobernador suspendido del departamento de Tarija no es procesado por delitos políticos sino por ilegalidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones, dijo el jueves el fiscal general del Estado, Mario Uribe.
"El señor Cossío no es un perseguido político, sino un acusado en la justicia por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones", enfatizó.
Agregó que son 14 procesos por delitos comunes como la firma de contratos suscritos cuando era Prefecto y Gobernador de Tarija.
"El gobernador suspendido de Tarija tiene todas las garantías y derechos para asumir su defensa en los 14 procesos que han sido denunciados en su contra", aseveró.
Esos procesos han sido denunciados por particulares y diputados y pocos por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, dijo.
Confirmó que el pasado martes el Ministerio Público de Bolivia había remitido al Paraguay copias de los procesos instaurados contra Cossío para su conocimiento a fin de que los tomen en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el pedido de refugio.
Por otra parte desestimó que el fiscal encargado del caso Cossío, Gilbert Muñoz, haya sido autorizado por el Ministerio Público para entrevistarse en La Paz con el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Isaac Avalos.
"El Ministerio Público es autónomo e independiente y no se somete a ninguna instructiva de otros órganos del Estado o autoridad pública", aclaró ante las suspicacias de los frentes de oposición a un supuesto sometimiento ante las autoridades nacionales.
"La reunión que sostuvo el miércoles el fiscal de Tarija Gilbert Muñoz con el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Isaac Avalos, es de su exclusiva responsabilidad y no en cumplimiento de una misión del Ministerio Público", indicó.
Muñoz había manifestado que la reunión con el senador Avalos fue para proporcionarle información complementaria sobre el curso de los procesos contra Cossío en el marco de la cooperación interinstitucional.
Uribe subrayó que el fiscal goza de una vacación desde el 10 al 25 de enero, por lo que el Inspector del Ministerio Público ha iniciado de oficio la investigación correspondiente para determinar si incurrió en alguna falta prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público. "Si es así, será sancionado", anotó.
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