tiempo crear o restituir el ministerio de Comunicación, instancia que a decir del mismo mandatario está llamada a “informar la verdad, educar y liberar al pueblo boliviano”.
Tal como van las cosas, al parecer el restablecer este espacio que duró muy poco en otro gobierno y que fue más bien en la mayoría desvalorizado o subordinado a los intereses políticos, más que buenas intenciones, se trata de una necesidad urgente para lograr una instancia que prepare esa “transformación estructural” que es parte de la política nacional oficialista, motivación por demás manipulable y con visión cortoplacista.
Si hablamos de informar, los instrumentos y espacios de información del Estado estaban haciendo lo suyo, con un lente particular que convierte la información en una parcialidad de la realidad. Un trabajo a tientas crea un directorio para Bolivia TV, un vocero que construye el discurso y otros que lo destruyen estaban en la desaparecida vocería oficial, pero más aún una parcialidad también es difundida por los medios radiales del gobierno y es que hasta ahora se manejaron los medios estatales como solo medios gubernamentales olvidando el compromiso público que deben poseer los mismos desde un enfoque público y estatal - nacional.
Pero de esa simpleza de conformación del ministerio se puede ir a comprender aún más de una tendencia a controlar, normar y tomar partido respecto a la línea de los medios de comunicación y de su trabajo cotidiano. La pluralidad se puede volver una gran ausente, pues es a partir del trabajo de la Unidad Jurídica Especializada de Desarrollo Constitucional (UJEDC) que se puede generar condiciones poco claras con respecto a los medios y la comunicación. De hecho, en esta instancia seguramente ya se gestaron –con mucha o poca participación del sector involucrado- las normas que pueden ser anunciadas este próximo martes 10 de mayo, día del periodista boliviano.
No es que seamos muy pesimistas respecto al manejo de la comunicación, pero sí somos testigos de que los movimientos de “acomodo” -por decirlo de algún modo- del discurso y decisiones presidenciales y su entorno, respecto a la información y los medios deja mucho que desear en la sociedad civil. Se consiguió sembrar la desconfianza y con ella una construcción poco creíble de la realidad. Ejemplos: nacionalización de hidrocarburos e industrialización, caso Rozsa – terrorismo, policía y narcotráfico, aduana y contrabando, por citar algunos en una larga lista de desconfianzas.
Viendo desde el lado positivo, un espacio de comunicación y no solo de información dentro de la estructura estatal tendría que dar mayores luces respecto al desarrollo integral de las comunicaciones en el país, dando lugar a la planificación, operativización de acciones y sobretodo libertades de expresión, de información y de acceso a información confiable, de lo contrario solamente estaríamos jugando con los denominativos y no ejerciendo la real dimensión del vasto mundo de la comunicación.
Plantear leyes u otra figura normativa acerca de los Derechos de Comunicación e Información en Bolivia puede ser uno de los objetivos centrales y a corto plazo que este nuevo ministerio y la UJEDC pueda estar impulsando, pero insistiremos en que se trate de proposiciones deliberadas, consensuadas y sobretodo ajustadas a la realidad plural de nuestra diversidad boliviana y que incluyan aspectos generales y particulares como la comunicación pública, comunitaria, los medios de comunicación –sus deberes y obligaciones-, los derechos humanos y la comunicación, la publicidad, las TIC’s y sus contenidos y accesos, entre múltiples temas pendientes en el país. Estaremos atentas.
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