sociales o sectores a los que aquéllas afectan. Así fue con la definición de tarifas únicas de transporte interdepartamental o el pago de centavo de boliviano por segundo de llamadas a celular.
Así, los topes de aumento salarial decididos por la administración de Evo Morales eran ley; no había movilización ni protestas que hagan cambiar esa definición. Así pasó la Constitución Política del Estado, también las cinco leyes orgánicas y un decreto –paradójico ahora—que impidió por unos meses el ingreso de al menos 1.700 vehículos “chutos” (¿se acuerdan las movilizaciones que no pudieron conseguir derogarlos?).
Así fue, incluso con menos de los dos tercios de votos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, desde el 31 de diciembre de 2010 nada es igual. Esa noche, Morales derogó el Decreto Supremo 748, que en tres días, desde el 26, había puesto en vilo al país por su contenido antipopular de incremento de carburantes. El “gasolinazo”, que marcó un punto de inflexión, en mi criterio, entre la legitimidad resultante de cinco años de “proceso de cambio” y el descontento social naciente, el asentamiento real del régimen o la “desfuncionalización” de los movimientos sociales en relación al Gobierno y al MAS.
Y, paradójicamente, la medida de la “nivelación” era necesaria para el país, considerando el costo de la subvención que actualmente implica para el Estado, aproximadamente 700 millones de dólares hasta finales de 2011, sin contar la demanda de diesel y gasolina que desde las siguientes semanas habrá debido a la regularización de los miles de vehículos indocumentados.
Así también buena parte del país, incluido yo, creía que la prohibición del uso en el servicio público de vehículos con más de 12 años de antigüedad, a partir de 2016, iba a ser una medida a favor de la seguridad ciudadana, más que todo.
Como verán, ahí quedaron. Las movilizaciones de diciembre y el anuncio de paro de los choferes, y en esto sólo el anuncio, terminaron con algunos ímpetus del Gobierno.
De veras, hay medidas que sí valen ejecutarlas, pero de la forma cómo pretende Morales y sus colaboradores es difícil que pasen. Eso habrán aprendido, pues, en los últimos meses.
Lo que pasa es que Evo no siempre manda obedeciendo, como dice su eslogan desempolvado tras la crisis del “gasolinazo”. Usualmente, sus políticas son impuestas, sin ninguna consideración previa en los sectores involucrados. Todo, quizás creyendo que su legitimidad es la misma que la de diciembre de 2005, cuando ganó por primera vez, o de diciembre de 2009, cuando consiguió su segundo mandato.
Todo cambia, pues. Recular y recular, una y otra vez, es señal de debilidad política. Así, cualquier organización que no quisiera adoptar ciertas políticas va a tener la fuerza suficiente de objetar aquéllas.
La cosa sería menos complicada si es que el Gobierno entendiera que ahora nada funciona por imposición o el imaginario oficial de que al creerse con apoyo las iniciativas tienen respaldo popular, de eso lo sabe muy bien el nuevo ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
Así que, si no quiere recular en sus políticas, Morales y su gabinete deberían plantearse un debate y consenso previo, democrático.
0 Comentarios