El ex comandante del Ejército general Juan Veliz, el último de los acusados en presentar sus alegatos en el juicio, dijo ayer que pretende mostrar la “otra cara de Octubre Negro”, en la cual quienes bloquearon, cercaron y aislaron a una ciudad para conseguir la renuncia de un Presidente, fueron absueltos con un decreto de amnistía. En cambio, para quienes salieron a resguardar el orden público y a desbloquear en cumplimiento de la Constitución, el Ministerio Público y la acusación particular piden 25 años de cárcel.
Así, el juicio se encuentra en la fase de alegatos del último acusado; posteriormente, las víctimas tendrán un tiempo para hacerse escuchar directamente por el Tribunal y lo propio cada acusado y, finalmente, el Tribunal ingresará a deliberar y emitir sentencia.
Germán Quiroz, abogado de Veliz, destacó, en la primera jornada de su alegato, que en septiembre y octubre de 2003, había una estructura legal que resguardaba el orden público y al Gobierno legalmente constituido, y otra estructura de movilización cuyo objetivo era paralizar el país para sacar a un Gobierno, pero que no está en juicio gracias a un decreto de amnistía.
El abogado negó que la Policía se replegara en octubre de 2003 y sólo las Fuerzas Armadas asumieran el control de la ciudad; para ello, mostró fotos donde se ve a militares y policías juntos en los puntos de conflicto. Según Quiroz, en ninguna de las imágenes se muestra actitudes de agresión militar y policial hacia los manifestantes.
Acotó que al contrario, las fotografías muestran que al otro lado donde estaban los movilizados había gente en acción con flechas, warak’as y armas hechizas para lanzar proyectiles; incluso algunas armas de fuego que, según el jurista, fueron devueltas a las Fuerzas Armadas en 2008.
En su criterio, los conflictos de septiembre y octubre se agudizaron y había una crisis social para debilitar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no tenía el control de los sectores sindicalizados como la COB, Fejuve y otros.
Afirmó que el Ministerio Público y la acusación particular llevaron ante el Tribunal un juicio con “deficiencias”.
Señaló que una fuerza descomunal de personas movilizadas quemaba vehículos, afectando el orden público, bloqueando calles con piedras, con vagones, acciones que no fueron investigadas por la Fiscalía, que trajo como testigos a víctimas y no a testigos imparciales que contaran la otra versión de los conflictos.
Respecto a la retención de turistas en Sorata por parte de la población movilizada, argumentó que no fue casual, sino respondía a un plan porque dirigentes como Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Román Loayza, Jaime Solares y otros tenían zonas de responsabilidad de movilización “había poder de control en un territorio”.
Por eso, Felipe Quispe declaró estado de sitio en una región del altiplano y admitió que ordenó la emboscada en Warisata, mientras que Roberto de la Cruz anunció un cerco a la ciudad de La Paz. Estas personas, consideradas, según la defensa, como autoras mediatas, no están en el juicio y fueron beneficiadas con la “amnistía de un historiador (Carlos Mesa) que echó al olvido parte de la historia de este conflicto”, acotó.
También mostró fotografías de un tanque de guerra en las calles de El Alto en las jornadas de conflicto, pero dijo que no hay ninguna víctima del tanque que la Fiscalía haya traído como prueba. Tampoco hay dirigentes víctimas de lesiones, sino gente de base que puso el pecho en el conflicto.
RECLAMOS POR AMENAZAS
Pablo Ruiz, defensa del general Gonzalo Rocabado, reclamó ayer los excesos de parte de las víctimas que afectaban al ornato público, y porque su dirigente, Juan Patricio Quispe, anunció públicamente “destrozos…” si hasta el 30 de agosto no había sentencia; así pidió un pronunciamiento del Tribunal al que acusó de asumir una actitud pasiva.
Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido porque consideró que no se adecuaba al momento procesal y que garantizaba la actuación de las partes.
“Estamos actuando con equidad e imparcialidad”, afirmó el presidente del Tribunal de Juicio, Ángel Irusta, y pidió al Fiscal General tomar las medidas respectivas ante la denuncia de Ruiz.
El fiscal General, Mario Uribe, dijo que desconocía la denuncia de Ruiz, y aseguró que en el momento en que le constara la existencia de un delito actuaría.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, garantizó que las víctimas de forma pacífica seguirán esperando decir su última palabra en juicio y calificó de “desmesurada” la intervención de la defensa de Rocabado.
El ministro Hugo Suárez ratificó que no permitirán presiones de ninguna naturaleza y admitió que considera como amenazas las expresiones en pancartas inclusive con nombres; exhortó a los asesores de las víctimas les aclaren que la sentencia que saldrá del Tribunal no será contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
VÍCTIMAS ERIGEN “MURO DE RESISTENCIA”
Las víctimas que llevan 46 días de vigilia, ayer comenzaron a construir un muro de ladrillo visto en la acera y al lado de uno de los arcos frente a la Corte Suprema de Justicia, para expresar su protesta en ese espacio, pero ante las observaciones de la población en los medios de comunicación, los propios acusados en la audiencia y la intervención de Patrimonio de la Alcaldía de Sucre, la obra quedó paralizada.
El representante de las víctimas, Juan Patricio Quispe, señaló que pretendían construir el “muro de la resistencia”, pero ante el “reclamo” y el “respeto a los sucrenses” decidieron detener la obra que era temporal e iba a ser retirada después de la sentencia.
Dijo que pidieron autorización a la Alcaldía de Sucre que aún no les respondió y pidió comprensión a la población sucrense.
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