más relevantes fueron publicados en la última edición dominical de este matutino, ofrece un panorama muy desalentador sobre la actitud y las percepciones de los cochabambinos sobre uno de los males que más daño causa a nuestra sociedad: la corrupción.
En efecto, los resultados arrojados por el estudio que comentamos indican que la inmensa mayoría de la población cochabambina (más del 90 por ciento) considera que la corrupción es un mal que está fuera de control, 80 por ciento no alienta ninguna esperanza en que el Gobierno actual tenga alguna posibilidad de éxito para enfrentar y derrotar este flagelo y sólo ocho de cada 10 personas tienen una percepción optimista al respecto.
Que así sea no es, por supuesto, nada nuevo. Muy por el contrario, desde que los sondeos de opinión pública comenzaron a ser aplicados en nuestro país como un instrumento de investigaciones sociológicas, el tema de la corrupción –y la percepción que sobre el problema tiene la ciudadanía– ha sido uno de los más estudiados. Y todos ellos han coincidido, con muy pequeños márgenes de variación, en identificar a éste como uno de los principales males de nuestra ciudad.
Siendo eso así, es evidente que sería muy injusto atribuir al Gobierno actual la mayor parte de la culpa. No es menos cierto, sin embargo, que no resulta muy alentador, desde el punto de vista de las actuales autoridades gubernamentales, saber que los esfuerzos hechos durante los cinco años transcurridos desde el inicio de la actual gestión no han sido suficientes para cambiar la imagen que la ciudadanía tiene de la manera como desde el aparato estatal se administran los bienes colectivos.
Que así sea no es un dato irrelevante si se considera que, además de sus connotaciones estrictamente éticas, el tema de la corrupción y la percepción que de ella tiene la población en nuestro país, como en todas las sociedades del mundo moderno, posee una muy importante carga política.
Al respecto, no puede olvidarse que entre los factores que suelen ser identificados como los detonantes de las rebeliones populares de los últimos tiempos se destaca la indignación colectiva por la manera poco transparente como las autoridades administran el patrimonio colectivo, sin importar el signo ideológico con el que se identifiquen.
En el caso nuestro, como es fácil recordar, la percepción negativa sobre la conducta de las autoridades públicas contribuyó en gran medida a la debacle del sistema de partidos vigente entre 1982 y 2002. La creencia de que la corrupción era un mal inherente a ese sistema y que una radical transformación política sería suficiente para modificar la situación fue uno de los principales motivos de la masiva esperanza depositada en los nuevos actores, por lo que resulta comprensible que en éste, como en otros asuntos, la frustración sea proporcional a las expectativas que la precedieron.
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