Con la postergación del censo nacional de población y vivienda por un año más (para el 2012) los gobiernos municipales son los más afectados con la distribución de los recursos de coparticipación tributaria del Estado, según indica el municipalista Carlos Hugo Molina porque los ingresos que reciben no están acorde a la población actual y por ende la gestión pública no cumple con las necesidades reales del vecino.
“Los municipios reciben de acuerdo a la cantidad de población que tienen. Mientras no haya un censo que establezca de forma real la población en cada uno de los municipios la dificultad de dar un servicio de calidad estará en entre dicho. El que más pierde en esto son los gobiernos municipales porque la capacidad de acción están en función de recursos y esto depende de la población”, remarca Molina.
A decir de Molina la migración campo ciudad por diferentes factores demanda una inmediata realización del censo poblacional sobre todo en los departamentos de Beni y Santa Cruz. “Una decisión política de realizar migraciones en función a decisiones políticas de campo ciudad es un elemento para el aumento poblacional”, sostiene.
Desde la Fundación Multipartidaria para la democracia Marcelo Dehesa indica que este retraso es una maniobra política de las autoridades nacionales con miras a las elecciones del 2015. “Si el interés es buscar eficiencia en la función pública tendría que ser una prioridad inmediata para las autoridades la realización del censo. El cálculo de suma y resta en la representación de escaños que se vayan a dar en la Asamblea Plurinacional Legislativa en las próximas elecciones este nuevo retraso”, puntualiza.
Similar opinión tiene Fernando Roso de las Juntas Vecinales quien sostiene que la postergación es política y no técnica. “Estamos viendo un retraso más político y que técnico, escuchamos que el gobierno está trabajando en la fase pre censal y los plazos establecidos demasiado largos con la tecnología actual que tiene Bolivia”, acota.
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