Dos pesos pesados del Gobierno británico, la titular de Interior, Theresa May, y el viceprimer ministro, Nick Clegg, detallaron ayer nuevas medidas para evitar que se repitan disturbios como los ocurridos entre los días 6 y 10 de agosto, que causaron 2.100 detenidos, casi 1.700 de ellos en Londres, y más de mil procesados.
Mientras May se centró en los nuevos poderes y pautas que necesita la Policía para actuar con más dureza que en los primeros días de la violencia, Clegg habló de un "sistema de pago para los alborotadores", que obligará a algunos procesados a dar la cara ante sus víctimas y reparar las calles destruidas vestidos de naranja.
Todo para que quienes saquearon tiendas o incendiaron edificios en Londres y otras ciudades inglesas entiendan que sus actos tuvieron "consecuencias humanas" y presenten a los perjudicados sus disculpas en persona, dijo el político liberaldemócrata.
En un tono más autoritario, la ministra de Interior señaló que la Policía necesita nuevos poderes para endurecer su respuesta a los altercados callejeros, siempre que actúe "dentro de la ley y con sentido común".
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