Desde que llegara al poder político, el régimen masista no vaciló en aumentar el volumen del gasto corriente. A fin de satisfacer las exigencias de empleo de muchos de sus seguidores, acopló nuevos e innecesarios ministerios al convoy burocrático del país.
Los más de 100 millones de bolivianos que le costó al Estado la realización de las últimas elecciones judiciales, cuyos resultados finales, por causas que todos conocemos, equivalen a barco al garete con más posibilidades de naufragio que exitosa llegada a destino, constituye un claro ejemplo de los muchos que podemos citar respecto a la citada sangría en las cuentas fiscales.
Como consecuencia de todo, el Tesoro General de la Nación podría registrar un déficit fiscal y, por tanto, se determinará en el Presupuesto General del Estado el monto del incremento salarial para el próximo año. Al mismo tiempo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, negó la versión de que no habrá incremento salarial en 2012 cuyo porcentaje está en evaluación. Por su lado, el sector empresarial anticipó que dicho incremento debe ser mayor a las cifras oficiales de la inflación y que la única manera de reducir la brecha de la pobreza es mantener un salario ‘digno’ para los trabajadores.
Cualquiera percibe igual efecto revelador en el decreto supremo de inicios de octubre que establece un bono de mil bolivianos a favor de los empleados públicos. El pago de este beneficio persigue mantener quieto al sector, cuya molestia debe ser grande por haber sido marginado del incremento general de salarios que el Gobierno aprobara para la gestión en curso.
Entretanto, las proyecciones de la inflación son más de sombras que luces para la cuestión fiscal. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que alcanzará un índice del 6 por ciento hasta el cierre de la presente gestión. La oposición critica al Gobierno por su mala gestión pública y le exige que favorezca a la población de menos ingresos con un aumento salarial de por lo menos el 20%, cifra que compensaría los índices inflacionarios que se registrarían hasta fines de año.
Imponerse un ahorro drástico del gasto corriente e innecesario es uno de los principales retos que se le plantean al Gobierno para evitarse problemas creados por el déficit presupuestario. ¿Se atreverá a evitar que se mantenga el despilfarro?
Gastando más de lo que se tiene y debiéndole a cada santo una vela por tanto compromiso asumido, es poco probable que así lo haga y las consecuencias del dispendio podrían repercutir más temprano que tarde en los bolsillos de los bolivianos.
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