El año pasado Bolivia registró el más alto índice de conflictos sociales de los últimos años, fenómeno que los analistas económicos y políticos del país consideran de gravedad. Además en el año que transcurre se agravarán problemas estructurales que padece nuestra sociedad y que, por otro lado, son objeto de poca atención de organismos oficiales encargados de resolverlos y que no prevén hasta qué extremo llegarán.
Los datos recogidos por importantes centros de investigación revelaron que a lo largo del año pasado se registraron unos 900 conflictos sociales, lo que significa un promedio de tres casos por día y que, en forma, general, tienen bloqueado al país, ya que se producen a lo largo y ancho del territorio.
Esos conflictos son de la más variada naturaleza y sus protagonistas pertenecen a todos los sectores sociales, desde las regiones más alejadas hasta los centros urbanos más importantes. Así mismo, esos actos de protesta comprenden a campesinos, trabajadores de clase media, obreros e inclusive sectores empresariales que se ven obligados a salir a las calles a reclamar soluciones, ya que, en otra forma, las autoridades brillan por su ausencia o, en cambio, en vez de apagar los “incendios” echan más leña al fuego, o bien se dedican a hacer escándalo por asuntos secundarios.
La Fundación Milenio, caracterizada por su seriedad, afirmó que los conflictos registrados el año pasado constituyeron un “récord” en la segunda gestión presidencial del gobierno de Evo Morales y remarcó que “es, por mucho, la más conflictiva de la historia contemporánea de Bolivia”. Tal afirmación confirma las apreciaciones de las poblaciones urbanas que sufren las consecuencias de los bloqueos de caminos y calles, marchas, manifestaciones, crucifixiones, parálisis del tránsito y toda clase de molestias que interrumpen sus normales actividades.
El crecimiento de los conflictos sociales durante el Gobierno actual resulta contradictorio frente a los ofrecimientos que hicieron los del MAS cuando estaban en la oposición, así como las ofertas de “tranquilidad y orden” que ofrecieron en sus diversos programas electorales. En efecto, en vez de que las manifestaciones sociales se reduzcan o desaparezcan -como se había anunciado- han ido en aumento, lo cual, al mismo tiempo, significa que las grandes cuestiones nacionales no han sido resueltas y, por el contrario, se agravaron tanto por su propio accionar como porque los medios oficiales se encargaron de agravarlos por su política neoliberal de “dejar hacer y dejar pasar”.
El crecimiento geométrico de las acciones de protesta, tanto callejeras como camineras de la población, alcanza mayor gravedad si se observa que, entre tanto, el Gobierno y sus medios de comunicación muestran, con grandes titulares, un ambiente de prosperidad, cifras de mejoría, caída de la pobreza, etc.
En síntesis, la presencia de tan alta cantidad de conflictos sociales revela que, al contrario de lo que afirman los voceros del Gobierno, los grandes problemas del país no han sido resueltos, ni mucho menos, y que continúan existiendo con toda su incidencia, como en los gobiernos anteriores. Al respecto la Fundación Milenio sostiene que la conflictividad actual “explica que la bonanza exportadora y el publicitado “boom” de inversiones pública no haya conseguido sino un modesto nivel del crecimiento, haciendo más lenta la reducción de la pobreza”.
Entre los cerca de 900 conflictos sociales del año pasado también se debe destacar los más graves y que estuvieron a punto de desestabilizar al régimen. Esos problemas, creados por el mismo Gobierno, fueron principalmente los relacionados con el intento fallido del “gasolinazo”, las provocaciones inducidas a los marchistas del TIPNIS que culminaron en la trágica “masacre de Chaparina”, las elecciones judiciales en las que el pueblo se limitó a votar por candidatos ya elegidos “a dedo”, por citar sólo los casos más visibles.
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