Con pistola al pecho no se negocia

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Licenciada en Filosofía. Conductora de “La Orquesta del Titanic”




No es fácil dar con artilugios mentales para revestir de ropajes jurídicos a un argumento falaz, pero nuestros vecinos siempre lo consiguen. Y lo peor, los Tribunales les dan (si no toda, al menos un poco) de razón y con eso… parte de nuestro territorio.

¿El argumento principal de la demanda boliviana? Que Chile tendría la “obligación de negociar” con Bolivia la cuestión de la soberanía marítima. ¿El fundamento de esa obligación? Distintos ofrecimientos realizados por el Estado de Chile en ese sentido, hace por lo menos 40 años (específicamente, en los años 1950 y 1975). El argumento sostenedor de la tesis sería, en palabras textuales del ex Presidente Carlos Mesa en una entrevista con T. Mosciatti, “que el compromiso unilateral de un Estado para con otro Estado genera obligación jurídica”.
La pregunta esencial que cabe hacer, en lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, es la que sigue: si Chile hizo tal ofrecimiento (que lo hizo), ¿por qué Bolivia no demanda directamente el cumplimiento de la palabra empeñada y, en cambio, se limita a exigir que Chile se disponga a negociar el asunto?
La respuesta es obvia. Esa oferta se hizo en el contexto de una negociación que no llegó a un acuerdo y no tiene, por tanto, el carácter de una obligación cuyo cumplimiento se pueda exigir jurídicamente. La oferta no fue completa desde que ni siquiera se especificó suficientemente aquello que Bolivia daría a cambio y no puede, por tanto, aludirse a ella en términos de compromiso adquirido. Se trató, como tantas veces ocurre, de una negociación fracasada.
No tiene ningún sentido comparecer, por tanto y en esas circunstancias, ante La Haya. Y contrariamente a lo que piensan algunos, es una señal de fuerza negarle competencia a La Haya si es que efectivamente no la tiene, una señal de fuerza en la convicción que, se supone, tenemos.
Lo anterior no es, sin embargo, suficiente como para confiar, porque hace tiempo ya que los tribunales y los jueces estiman que su discrecionalidad y sus buenas intenciones legitiman que, en muchas oportunidades, ellos decidan con arreglo a criterios que no son los estrictamente legales.
La pregunta esencial en lo que se refiere a la estrategia chilena (y no al fondo) es, sin embargo, otra: ¿seguirá nuestro país apostando su territorio a la tesis de que las demandas de nuestros vecinos “no tienen fundamento jurídico”? O mejor aún: ¿aceptará negociar por la vía de la fuerza (si eso resultara de la demanda), concediendo con ello que tiene un deber inexistente?
Porque una cosa es negociar e incluso otorgar soberanía, y otra muy distinta, permitir que Chile sea obligado a hacerlo. Mucho menos después de que Evo Morales declarara, en coincidencia con la Constitución de su país, que “el mar para los bolivianos es irrenunciable” y que Carlos Mesa dijera, en la misma entrevista, que “la palabra soberanía es el punto de partida y el punto de llegada”. O sea, una cuestión inclaudicable para Bolivia, sea cual fuere el resultado de su demanda ante La Haya.
No tiene ningún sentido comparecer, por tanto y en esas circunstancias, ante La Haya. Y contrariamente a lo que piensan algunos, es una señal de fuerza negarle competencia a La Haya si es que efectivamente no la tiene, una señal de fuerza en la convicción que, se supone, tenemos.
¿Podemos negociar con Bolivia? Sí. ¿Podemos concederles soberanía marítima? También, bajo determinadas condiciones. ¿Podemos ser arrastrados a hacerlo por ese país o por un Tribunal cualquiera? Por ningún motivo.

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