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El Gobierno y los cooperativistas de Bolivia han llegado este viernes a un acuerdo sobre la redacción del polémico artículo 151 del proyecto de ley de Minería y Metalurgía, según el cual ya no podrán contratar con el sector privado.
"Luego de consultas, el nuevo ministro de Minería, felizmente se ha resuelto un problema que no era solo preocupación del Gobierno sino del pueblo", ha anunciado el presidente boliviano, Evo Morales, en una rueda de prensa.
Morales ha explicado que, conforme a la redacción acordada del artículo 151, "las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras".
El líder indígena ha destacado que "con ello hay un respeto a la Constitución", que establece la titularidad pública de los recursos naturales y de los derechos sobre los mismos. "Se ha resuelto la preocupación de todo el pueblo boliviano", ha celebrado.
Si bien, ha indicado que el nuevo texto de dicho precepto "tiene implicancias en otros aspectos, que serán adecuados entre el Gobierno y los cooperativistas mañana desde las 8.00 (hora local), según ha informado la agencia de noticias ABI.
Además, Morales ha hecho hincapié en que "siempre se puede llegar a soluciones concertadas", recordando que el problema surgió por una mala redacción del artículo 151 por parte de los técnicos del Ministerio de Minería, entonces en manos de Mario Virreira.
En la misma línea, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, ha celebrado el acuerdo. "Jamás vamos a proteger a las empresas privadas, sean nacionales o transnacionales, nunca vamos a servir de paraguas", ha dicho.
EL ARTÍCULO 151
El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley de Minería y Metalurgia, tanto en lo general como en lo concreto, cuyo objetivo es regular "estas actividades estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad".
Estaba previsto que el proyecto de ley se aprobara dos días antes, pero su tramitación se frenó en seco debido a la polémica suscitada en torno al artículo 151, según el cual las cooperativas podían contratar con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Los cooperativistas pretendían que se mantuviera dicho precepto, ya que les otorga mayor libertad para gestionar sus actividades, sin embargo, desde el oficialismo se denunció como inconstitucional al entender que cedía parte de la gestión de los recursos naturales del país a la iniciativa privada.
El Gobierno de Morales reconoció "un error de interpretación del Gobierno" en la redacción de este artículo --por el cual destituyó a Virreira-- y anunció una modificación para evitar "dar derechos que no corresponden a una cooperativa".
Así, los diputados aprobaron un borrador con una nueva redacción del 151 que establecía que cualquier contrato en esta materia debía ajustarse a las disposiciones constitucionales, lo que significa que debía pasar el filtro del Parlamento.
DISTURBIOS
La situación de crisis en el sector derivó en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía en varias ciudades bolivianas, sobre todo en La Paz, que se saldaron con dos mineros muertos y un centenar de heridos.
Morales reconoció que el Gobierno y las cooperativas mineras fueron engañadas por altos funcionarios, pues el proyecto de ley enumeraba una serie de artículos incompatibles con la Constitución, por lo que ordenó instalar una mesa de diálogo.
Además, adelantó que los funcionarios del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de Bolivia que "engañaron" al pueblo en la redacción del borrador, pues desde estos organismos se "firmó, avaló y permitieron acuerdos inconstitucionales", serían "procesados por traición a la patria".
Fuente : Notimerica
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