Una población de más de 10 millones de habitantes condenados a un encierro, que sobre todo limita la vecindad con el mundo, concentra su atención en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, esa misma población que ha venido acumulando esperanzas en que, por las vías pacíficas, podamos encontrar la recuperación de una salida soberana al mar. Después de muchas frustraciones, especialmente por las políticas del embrollo de distintos gobiernos chilenos, se ha aprobado de forma expresa la determinación adoptada por el gobierno de Evo Morales, como no podía ser de otra manera, tratándose de esta causa suprema de apelar a esa instancia. Ha merecido igualmente unánime apoyo que sea el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé quien encabece los trámites que correspondan como embajador plenipotenciario; lo mismo que, más tarde, como embajador itinerante, el expresidente Carlos Mesa Gisbert tenga la misión de difundir los argumentos que sustentan nuestro reclamo ante diferentes organismos internacionales y otros foros eventuales de importancia; ambas designaciones en mérito al talento y capacidad de cada uno de ellos.
Todo tiene su tiempo, largo o corto, y tenemos que esperar que se proceda en justicia. Sin embargo, hay otras deudas que Chile debe honrar: las aguas del río Lauca y las del Silala.
Fue inaceptable que Chile (1962) desviara de manera unilateral las aguas del río Lauca, de curso sucesivo, que tiene una extensión de 225 kilómetros, de los cuales 75 kilómetros cruzaban territorio chileno y 150 kilómetros por Bolivia, aquel que se origina en el Altiplano andino chileno de la región de Parinacota y, luego de cruzar la Cordillera de los Andes, desemboca en el lago Coipasa, en Bolivia, ese recurso natural que utiliza Chile para generar electricidad y regar sus valles de Azapa, unas 2.200 hectáreas de cultivos, gracias al desvío ordenado por el presidente chileno Jorge Alessandri.
Por otro lado, hace más o menos tres décadas se ha denunciado el uso arbitrario de las aguas del Silala por parte de empresas chilenas y el problema no se ha reducido al impasse empresarial con bienes del Estado boliviano, también se ha hecho cuestión al Estado chileno, cuando se ha reclamado que desde la construcción del ferrocarril Antofagasta Bolivia se usan esas aguas ubicadas en territorio nacional.
Con una argucia -no desconocida para nosotros-, Chile sostiene que son aguas internacionales. No sirvieron las verificaciones que demostraron que esas aguas pertenecen al territorio boliviano.
El Comité Cívico de Potosí insistió, por su parte, hasta el cansancio en demandar el resarcimiento del usufructo que hacen con la construcción de un canal artificial por el que se da curso a las aguas del Silala. La empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia, subsidiaria del conglomerado Quiñenco, de la familia Luksic, comercializa las aguas del Silala con especulación, según información de la propia prensa chilena. Ya en 2006, el periódico Mercurio de Antofagasta publicó que esa firma es la encargada de la venta del agua en las poblaciones de Calama, Sierra Gorda, Vaquedano, María Magdalena, Tocopilla, Antofagasta y los centros mineros de El Abra, al señalar que el agua que reciben en sus hogares tiene precios altos. En tanto aquí, donde se generan estas aguas, no se percibe ni un centavo.
Lo curioso es que ahora, dentro de la famosa Agenda Bilateral de los 13 puntos, los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron realizar un Programa de Estudios Técnicos del Silala, que será ejecutado durante los próximos cinco años sobre la naturaleza, el aprovechamiento y la compensación de estos recursos hídricos.
Es difícil entender que se acuerde estudiar el problema si todo estaba claro. Hasta parece una bravuconada decir que "se analizarán caudales, precipitaciones, temperatura del aire, velocidades del viento, radiación solar y humedad”.
Su paraguas es el acta de consultas que diplomáticos de Bolivia y Chile suscribieron en la cuarta reunión del grupo de trabajo sobre el Silala que se realizó en Santa Cruz. ¿Hasta cuándo se tendrá que esperar? ¿Dónde está la efectividad en relaciones internacionales de nuestro país?
Mario Castro
es periodista.
Fuente : Pagina Siete
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