El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, promulga el Código Niño, Niña y Adolescente.EFEVarias asociaciones critican la norma que regula la contratación de menores, que hará una generación «de adultos trempranos»
Bolivia se convirtió en el único país en el mundo que autoriza el trabajo infantil desde los 10 años de edad, aunque será bajo condiciones excepcionales.
Esta decisión está contenida en el Código Niño, Niña, Adolescente. Según el texto, se establece que la jornada laboral para los menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, será de seis horas, de manera que tengan tiempo para su formación. Los que tengan entre 10 y 13 años solo podrán trabajar por cuenta propia y siempre que cuenten con la autorización de las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, dependientes de las alcaldías.
La aplicación de la nueva ley no será inmediata, pues se concede un año para que las alcaldías, responsables de las citadas defensorías, cuenten con los recursos humanos y técnicos suficientes para tramitar las autorizaciones.
Críticas
El experto Francisco Gamboa considera que la nueva ley incentiva el trabajo infantil, especialmente en las áreas rurales, donde el control del Estado es escaso. «Varias instituciones, como Unicef y el Defensor del Pueblo, intentaron evitar que se legalice el trabajo infantil en las condiciones en que lo hace la normativa», afirmó.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera aseguró que la nueva normativa establece un equilibrio entre los convenios internacionales y la realidad boliviana. «En conjunto, tenemos una buena ley que protege a los niños, que articula los sistemas dispersos del Estado, que reconoce derechos y convierte a los niños, niñas y adolescentes en sujetos participantes de sus derechos», afirmó García Linera.
Bolivia ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija la edad mínima laboral en 14 años, entre otras normativas internacionales que obligan a erradicar las peores formas de explotación infantil, entre ellas la zafra y la minería.
Para Gamboa, la norma debió incluir un incremento de recursos destinados a la formación escolar. Además, sostiene que «equiparar los derechos de los niños con los del mundo adulto puede traer graves consecuencias para los jóvenes, que se saltarán etapas clave de su formación y se corre el riesgo de tener una generación de adultos tempranos». Según la OIT, en América Latina y el Caribe unos 13 millones de niños forman parte del mercado laboral.
Fuente : La voz de Galicia
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