Estas operaciones de la delincuencia internacional tienen que merecer respuestas acordes con la gravedad del delito en acciones bilaterales entre los países donde se ejecutan
Una reciente revelación de autoridades de la lucha antidroga de Perú en sentido de que el 95 por ciento de la cocaína que sale de ese país en avionetas tiene como destino Bolivia, establece una situación que ya se la conocía hace algún tiempo, aunque no de manera oficial y con estadísticas.
Los datos brindados por el jefe de Operaciones de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (Dirandro), César Arévalo, señalan que el 50 por ciento de droga que sale actualmente de Perú, unos 450.000 kilos, lo hace a través de narcoavionetas y según fuentes de Inteligencia de esa institución el 95 por ciento va hacia Bolivia.
Teniendo estos datos oficiales de la policía antidroga del Perú es fácil colegir que la droga peruana está inundando territorio boliviano, algo en extremo preocupante, porque al ser nuestro territorio un lugar de tránsito, esta misma droga, que proviene del Perú, luego va hacia Brasil, México y Argentina para después ser llevada a Europa.
De acuerdo a informes especializados, esta droga llega al país como pasta base de cocaína que es cristalizada en laboratorios clandestinos, lo que hace elevar su precio hasta en tres veces en mercados de Brasil y mucho más en Europa.
Todos estos datos conocidos oficialmente, plantean una realidad que debe merecer respuestas conducentes a frenar o controlar el ingreso de la droga que proviene de Perú a territorio boliviano, porque esta misma actividad está generando un alto índice de violencia delictiva, principalmente en Santa Cruz, donde estarían funcionando laboratorios de cristalización de cocaína y donde además se habrían instalado grupos de narcotraficantes. Las autoridades peruanas afirman que hay clanes familiares peruanos que radican en Bolivia para pilotear sus envíos de droga, algunos de sus integrantes están presos, pero otros siguen operando.
Una situación de esta naturaleza implica consecuencias para ambos países, tanto para Perú como para Bolivia, pero en lo que respecta a nuestro país, los efectos en el ámbito delictivo son los que casi todos conocen, es decir, el aumento de la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la presencia de delincuentes, narcotraficantes y los consecuentes métodos de violencia que emplean para asegurar el ilícito negocio.
Sin embargo de lo anotado, estas operaciones del narcotráfico comprende también un riesgo enorme para la seguridad del país, porque afecta la soberanía de los estados, cuando la delincuencia internacional se interna en los territorios nacionales.
Estas acciones de la delincuencia internacional tienen que merecer respuestas acordes con la gravedad del delito mediante planes bilaterales.
Perú y Bolivia deben realizar los máximos esfuerzos para combatir el narcotráfico y en el caso de nuestro país, estos esfuerzos pasan por tener no solamente una fuerza antidroga vinculada con su par en el Perú en labores de Inteligencia, sino también capaz de enfrentar el problema con medios técnicos y operativos. Si bien se ha anunciado hace algún tiempo la vigencia de una norma que autoriza el derribo de naves sospechosas que vuelan entre Bolivia y Perú para acopiar y trasladar la droga, los implementos para el cumplimiento de la misma, son hasta ahora escasos, como por ejemplo, la falta de radares y material aéreo necesario.
Habría que hacer un repaso sobre la colaboración y coordinación entre las instituciones antidrogas de la frontera peruano-boliviana y del espacio aéreo.
Fuente : Opinion
Los datos brindados por el jefe de Operaciones de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú (Dirandro), César Arévalo, señalan que el 50 por ciento de droga que sale actualmente de Perú, unos 450.000 kilos, lo hace a través de narcoavionetas y según fuentes de Inteligencia de esa institución el 95 por ciento va hacia Bolivia.
Teniendo estos datos oficiales de la policía antidroga del Perú es fácil colegir que la droga peruana está inundando territorio boliviano, algo en extremo preocupante, porque al ser nuestro territorio un lugar de tránsito, esta misma droga, que proviene del Perú, luego va hacia Brasil, México y Argentina para después ser llevada a Europa.
De acuerdo a informes especializados, esta droga llega al país como pasta base de cocaína que es cristalizada en laboratorios clandestinos, lo que hace elevar su precio hasta en tres veces en mercados de Brasil y mucho más en Europa.
Todos estos datos conocidos oficialmente, plantean una realidad que debe merecer respuestas conducentes a frenar o controlar el ingreso de la droga que proviene de Perú a territorio boliviano, porque esta misma actividad está generando un alto índice de violencia delictiva, principalmente en Santa Cruz, donde estarían funcionando laboratorios de cristalización de cocaína y donde además se habrían instalado grupos de narcotraficantes. Las autoridades peruanas afirman que hay clanes familiares peruanos que radican en Bolivia para pilotear sus envíos de droga, algunos de sus integrantes están presos, pero otros siguen operando.
Una situación de esta naturaleza implica consecuencias para ambos países, tanto para Perú como para Bolivia, pero en lo que respecta a nuestro país, los efectos en el ámbito delictivo son los que casi todos conocen, es decir, el aumento de la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la presencia de delincuentes, narcotraficantes y los consecuentes métodos de violencia que emplean para asegurar el ilícito negocio.
Sin embargo de lo anotado, estas operaciones del narcotráfico comprende también un riesgo enorme para la seguridad del país, porque afecta la soberanía de los estados, cuando la delincuencia internacional se interna en los territorios nacionales.
Estas acciones de la delincuencia internacional tienen que merecer respuestas acordes con la gravedad del delito mediante planes bilaterales.
Perú y Bolivia deben realizar los máximos esfuerzos para combatir el narcotráfico y en el caso de nuestro país, estos esfuerzos pasan por tener no solamente una fuerza antidroga vinculada con su par en el Perú en labores de Inteligencia, sino también capaz de enfrentar el problema con medios técnicos y operativos. Si bien se ha anunciado hace algún tiempo la vigencia de una norma que autoriza el derribo de naves sospechosas que vuelan entre Bolivia y Perú para acopiar y trasladar la droga, los implementos para el cumplimiento de la misma, son hasta ahora escasos, como por ejemplo, la falta de radares y material aéreo necesario.
Habría que hacer un repaso sobre la colaboración y coordinación entre las instituciones antidrogas de la frontera peruano-boliviana y del espacio aéreo.
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