¿A qué juegan nuestras autoridades municipales? ¿Al cansancio y al silencio del pueblo, que debe someterse a una decisión unilateral e ilegal?
Con todo lo que hasta ahora se ha podido observar, los dos componentes del Gobierno Municipal: el ejecutivo representado por el alcalde Regys Medina y el Concejo, presidido por Willan Perales, con seis concejales de Creemos y cinco del MAS, que no sabemos a ciencia cierta de qué lado están, han tenido al pueblo en una especie de juego, al parecer con la intención de cansarlo y acostumbrarlo a pagar el pasaje de 3.00 bolivianos y dejar que el transporte urbano de esta ciudad, se salga con la suya.
Ninguna de las instancias municipales toma una determinación y hasta el momento, cuando ya se cumplieron dos meses de la elevación de la tarifa a 3.00 bolivianos, el ejecutivo y el legislativo, que componen el Gobierno Municipal se pasan la pelota y el problema sigue latente, es más, por lo que se ve, no ha tenido ningún avance en busca de una solución que dé satisfacción tanto a los transportistas, como a los usuarios del bendito transporte público urbano.
¿Quien nos miente? el alcalde, a quien pocas veces se lo puede abordar aprovechando su asistencia a algún acto, manifestó el miércoles que el Concejo Municipal ha convocado a una reunión con los transportistas y representantes de diversas instituciones involucradas en el tema del pasaje urbano sin dar fecha ni hora.
Por otro lado, en el Concejo Municipal, se sostiene que es determinación del alcalde el convocar a una reunión para dirimir este tema, puesto que es de su competencia asumir esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley Municipal de Transporte y manifiestan que ya no se meterán en el asunto hasta que el alcalde tome su decisión.
Según expresiones del alcalde, existen tres estudios del costo de operaciones del transporte urbano de Montero, el primero elaborado, supuestamente por profesionales contratados para el efecto, aunque se sabe que el estudio ha sido realizado por técnicos de la Alcaldía en coordinación con los transportistas y sin la participación de representantes del pueblo. El segundo elaborado por técnicos del Concejo Municipal y un tercero, que la ciudadanía desconoce, que sería el propuesto por el transporte urbano.
Lo cierto es que solo existe un estudio de costos de operación y es el elaborado por la Alcaldía Municipal, el mismo que fue presentado al Concejo para su análisis y aprobación. Y no es que el Concejo hubiese elaborado otro estudio de costos de operación, sino que el presentado por el ejecutivo, tuvo observaciones y tras un análisis de los técnicos del Concejo y de eliminar algunos ítems que según el análisis estaban demás, llegaron a la conclusión de que el costo del pasaje debe ser de 1.90 bolivianos y sugirieron que se cobre 2.00 bolivianos como se estaba cobrando hasta diciembre del año pasado.
Los transportistas, por su lado, quieren imponer el pasaje de 3.00 bolivianos, basados en qué; ya que no han dado a conocer públicamente un estudio de costos de operación que justifique esa elevación del pasaje en un 50 por ciento. Nos preguntamos, ¿De donde salió el resultado de una tarifa de 3.00 a 3.60 bolivianos, si ellos participaron en la elaboración del estudio de costos de operación en coordinación con el ejecutivo municipal? Ese estudio de costos determinó la tarifa entre 2.30 a 2.60 bolivianos.
Esperemos que el pueblo no se canse y se resigne a llevar el peso de la imposición de un sector que quiere cobrar la tarifa más alta del transporte urbano de todo el país a pesar de las malas condiciones de los vehículos y de la distancia que deben recorrer en el servicio, que es inferior a las que recorren en otras ciudades.
En los últimos días, el alcalde Regys Medina, la primera autoridad administrativa de este pueblo, ha sido criticado por dirigentes vecinales porque no se reúne personalmente con los transportistas y le huye al asunto poniendo el problema en manos de sus asesores, que al parecer ya no gozan de la confianza de ninguna de las partes en conflicto y poco o nada pueden negociar y decidir. ¿Por qué, el alcalde no participa de estas reuniones e impone su autoridad para solucionar el problema? O, ¿Por qué, definitivamente, si el alcalde y los concejales se sienten comprometidos, no dictan y aprueban una resolución o ley municipal fijando la tarifa de 3.00 bolivianos y que el pueblo sufra las consecuencias y acomode su presupuesto para sobrevivir? El pueblo se merece respeto y solución a sus problemas.
En definitiva, esperemos que nuestras autoridades asuman su deber de poner orden en este asunto, que es de su incumbencia dejando de lado posibles intereses políticos, que a las claras se ve, que son los que motivan esta conducta. Pero pocos sectores, no podrán evitar que la falta de protección de los intereses de la mayoría del pueblo, les pueda sacar la factura.
Finalmente, tanto el alcalde como los concejales, se llenan la boca afirmando que no existe una resolución o norma que fije el pasaje en 3.00 bolivianos, pero ninguno demuestra el principio de autoridad para hacer cumplir ese enunciado que cae en saco roto a la hora en que la población debe abordar uno de esos incómodos minibuses y ser obligada a pagar lo que ellos han dispuesto de manera unilateral y abusiva.
Y no culpen al periodismo por criticar sus actos o su inactividad, y a quienes nos dicen que también reclamemos por el alza de los precios de la canasta familiar, sí lo hacemos. Pero es bueno aclarar que los precios de los artículos de consumo, se rigen por la oferta y la demanda, que las autoridades también deben controlar, sí, pueden y deben controlar que no se abuse en los precios, en el peso y la calidad de los productos. Sin embargo, las tarifas del transporte, están regidas por la Ley General del Transporte en todo el país y además, por la Ley Municipal del Transporte en el caso de Montero y las leyes se deben respetar y cumplir. No estamos en contra de nadie, pero, estamos a favor del pueblo.
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