Pagos injustos y acusaciones de robo son parte de denuncias relacionadas con explotación laboral infantil reportadas en Cochabamba.
La Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba atendió, entre 2024 y lo que va de 2025, un total de 17 casos de explotación laboral infantil, referida al trabajo de niños, niñas y adolescentes en condiciones que vulneran sus derechos y afectan su desarrollo.
La jefa Departamental de Trabajo Cochabamba, Lizeth Rosas Blanco, informó que, aparte de esos, un caso reciente registrado corresponde a una denuncia expuesta en redes sociales, que apunta a un negocio en el que se habrían vulnerado los derechos de una adolescente.
Según el Artículo 129 del Código Niño, Niña y Adolescente, Ley 548, se fija como edad mínima para trabajar los 14 años.
“Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la Ley”, expone la norma.
De acuerdo con los reportes ofrecidos por la técnica de Trata y Tráfico de la Jefatura Departamental de Trabajo, María Eugenia Aguilar, los casos reportados, entre 2024 y este 2025, corresponden a irregularidades en negocios situados en inmediaciones de La Cancha y la terminal de buses. Esas contrataciones suelen darse sobre todo en época de vacaciones, entre noviembre y enero. Se trata de adolescentes de entre 16 y 17 años.
“Entonces, los jóvenes van y trabajan por menos del salario mínimo. Nosotros vamos y regulamos. Lo que no se puede hacer cancelar, nosotros lo remitimos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que ellos inicien los procesos penales por explotación laboral”.
Resaltó que la Jefatura Departamental de Trabajo hace hincapié en los derechos de niños, niñas y adolescentes trabajadores.
Detalló que, en 2024, recibieron 12 denuncias de menores que expresaron que no se les pagaba por los días trabajados o que se les acusaba de robo para no pagarles.
Explicó que, en esos casos, se realizan tres citaciones y se convoca a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, como encargada de velar por los derechos de esa población.
“Hemos logrado que se pague a más del 40%, de acuerdo al salario mínimo, porque generalmente los contratan por mil bolivianos, 1.500 bolivianos. Nosotros regulamos eso al salario mínimo nacional”.
Aguilar enfatizó que un menor de edad que trabaja debe recibir un salario conforme a lo que establece la norma.
En lo que va de 2025, recibieron cinco denuncias, que también fueron remitidas a la Defensoría.
“Estamos trabajando coordinadamente para que se respeten esos derechos de los trabajadores”.
La denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga conocimiento de las irregularidades. Por lo general, acude algún familiar de la persona menor de edad.
REQUISITOS
La Técnica de Trata y Tráfico expresó que entre los requisitos para que los menores de edad trabajen están los informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en los que se autoriza el trabajo.
“A nosotros nos hacen llegar una copia”, dijo Aguilar.
Acotó que este año recibieron en la Jefatura solo una autorización para que un menor de edad pueda trabajar.
Manifestó que entre otros requisitos se incluyen el seguro de salud, el salario mínimo nacional y todos los derechos que tiene un trabajador.
Las horas de trabajo son menos que las de un adulto.
“Son seis horas de trabajo, porque tiene dos horas para estudiar”.
Sobre el caso más reciente, Rosas describió que el 17 de febrero realizaron una inspección laboral en inmediaciones de la zona de La Cancha, en una tienda de juguetes.
“Se han apersonado los inspectores de trabajo y han evidenciado que había una adolescente trabajando ahí (…). La dueña del establecimiento ha impedido que, como Ministerio de Trabajo, cumplamos nuestras funciones”.
La denuncia exponía que hubo explotación laboral debido a que no le ofrecían el mínimo nacional de salario y que se le iba a pagar “con juguetes”.
La inspectora dejó un acta de impedimento y, según el Código de Procedimiento de Trabajo, se emitirán las sanciones correspondientes.
Rosas remarcó que, con el Consejo Departamental de Trata y Trabajo, en coordinación con la Gobernación, alistan una inspección interinstitucional en la que participarán el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, la Policía, la Gobernación, la Intendencia.
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