EXCLUYENTE. – La economista Claudia Pacheco alerta que el alza del salario mínimo favorece solo al 15% de los trabajadores formales, mientras la mayoría informal queda excluida, en un contexto de crisis empresarial y abandono al sector productivo.
Este 28 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo que establece un incremento del 10% al Salario Mínimo Nacional, elevándolo de Bs 2.500 a Bs 2.750, y un aumento de hasta el 5% al haber básico, aplicado exclusivamente a los sectores estatales: Educación, Salud, Policía y Fuerzas Armadas.
Aunque podría interpretarse como un alivio económico, la medida excluye al 85% de la población económicamente activa, según el análisis de la economista Claudia Pacheco, presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. “Este decreto beneficia únicamente al 15% de trabajadores formales; el resto, que sobrevive en la informalidad, no podrá exigir ni recibir ese incremento”, alertó.
UN MERCADO LABORAL DIVIDIDO
Bolivia cuenta con 7,2 millones de personas en edad laboral, de las cuales solo 1 millón está en el sector formal, y de estos, aproximadamente el 60% trabaja para el Estado. Esto significa que el principal beneficiado del incremento salarial será el propio aparato estatal, mientras que las empresas privadas formales, ya golpeadas por la crisis, asumirán una mayor carga económica.
EMPRESAS EN ASFIXIA: LA INFORMALIDAD AVANZA
El sector privado no solo ha sido excluido de beneficios proporcionales, sino que también enfrenta una creciente presión. Pacheco remarcó que “el salario mínimo no solo representa Bs 2.750; al sumarle beneficios sociales, el costo real por trabajador asciende a Bs 3.880, lo que impacta directamente en las planillas de micro, pequeñas y medianas empresas”.
A esto se suma un dato preocupante: 20.000 empresas formales han cerrado en los últimos años. La economista sostiene que este incremento podría agravar esa tendencia: “Se fuerza a las empresas a decidir entre despedir personal o aumentar precios, en un contexto donde muchos ya no pueden más”.
PRODUCTORES AL BORDE DEL COLAPSO
La crisis no se limita al ámbito urbano. Jaime Valverde, alcalde del municipio de Moro Moro y productor de papa, advierte: “Estamos vendiendo a Bs 20 lo que nos cuesta Bs 30 producir”. Muchos productores están abandonando el campo y migrando a países vecinos como Argentina o Perú. “A este paso, tendremos desabastecimiento alimentario”, dijo.
Pacheco coincide en que el aumento salarial no considera la realidad productiva: “Los costos de insumos han subido por el dólar paralelo y la falta de diésel. ¿Cómo espera el Gobierno que el productor mantenga su actividad si no tiene condiciones ni rentabilidad?”, cuestiona.
¿UNA MEDIDA TÉCNICA O ELECTORALISTA?
Para la economista, no hay base técnica que sustente el aumento: “Si el objetivo fuera paliar la inflación, el incremento debería superar el 15%. Esto es, más bien, una decisión política de corte electoralista, sin un análisis riguroso del impacto económico”.
Además, advierte que medidas como esta aumentan el déficit fiscal, deterioran la confianza empresarial y desincentivan la formalización de nuevos emprendimientos. “El resultado: más desempleo, más informalidad, menos producción y mayor precariedad”.
UNA FALSA SOLUCIÓN A UNA CRISIS REAL
El incremento salarial podría ser celebrado por una fracción de trabajadores públicos, pero la mayoría de los bolivianos –los que viven de su emprendimiento, comercio o trabajo informal– quedará al margen.
“La economía no se fortalece con anuncios populistas, sino con políticas estructurales que fomenten el empleo, la inversión y la formalidad”, concluye Pacheco. Mientras tanto, el país enfrenta una tormenta económica: pérdida del poder adquisitivo, escasez de dólares, cierre de empresas y abandono del agro.
El salario sube, sí. Pero ¿quién paga el precio? Los datos y la realidad muestran que el sacrificio lo hace el sector que aún mantiene al país en pie: el formal, productivo y cada vez más pequeño, concluyó
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