El titular de Gobierno calificó de “políticas” las acciones del abogado defensor; éste le pidió dejar de “especular” y esclarecer el caso de acuerdo al marco normativo en vigencia.
Johnny Castelú, abogado de la defensa de los familiares de los cuatro policías asesinados en Saca Saca, Norte de Potosí, desafió ayer al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a debatir en torno a las acciones que derivaron en la liberación de los cadáveres, así como la data de las muertes, según reportó la agencia de noticias Fides.
Castelú salió al frente luego que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, pusiera en duda el informe forense practicado en Oruro por la perito Vilma Gabriel, el cual revela que Nelson Alcocer, victimado días antes del 4 de junio, durante las negociaciones con los ayllus.
“Lo único que están pretendiendo con estas acciones de repente es hacerle decir al informe que no eran tres días y que los cuatro policías fueron asesinados el 25 de mayo y creo que ese es el punto que les ha dolido a las autoridades, pero eso para nosotros no es lo importante porque ya están muertos. Yo invito al Ministro de Gobierno a un debate para aclarar estos entredichos y dejar de especular en este caso”, dijo.
En ese contexto exigió al Ministerio de Gobierno instruir a la Fiscalía, así como a la Policía, tal como ocurrió en otros casos, investigar de oficio la comisión de este delito y establecer responsabilidades.
“Lo que se debe esclarecer es quiénes son los autores de estos hechos, cómo sucedieron las muertes y aclarar con precisión la fecha de las muertes”, sostuvo Castelú.
El jurista rechazó las acusaciones “infundadas” hechas por el Gobierno en sentido de que sería pariente de Nelson Alcocer uno de los policías victimados en Saca Saca y rechazó el haber tenido contacto telefónico con algún político, menos los días del conflicto con los ayllus.
El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, puso en duda la autopsia que realizó la médico forense de Oruro, Vilma Gabriel, a los cadáveres de policías linchados en un ayllu de Uncía, y calificó de “irregular y carente de objetividad debido a que no se respetó los protocolos necesarios”.
El informe médico forense realizado en Oruro, el pasado viernes, cuando fueron rescatados los cadáveres por sus familiares, confirmó que Nelson Alcocer murió días antes del 4 junio, fecha en la que los familiares de los infortunados policías recuperaron sus cadáveres, complicando así la situación de las autoridades de gobierno y la Policía por omisión e incumplimiento de deberes, pues si actuaba de manera oportuna Alcocer hubiera sido rescatado con vida.
De hecho el comandante General de la Policía, Oscar Nina, dijo que el informe forense de Oruro “son simples comentarios”, en tanto que el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, aseguró que los policías habrían muerto el 25 de mayo pasado, manifestó Castelú.
“¿Por qué entonces el señor viceministro Torrico seguía diciendo que los policías continuaban con vida? Si sabían que habían muerto”, se preguntó Castelú, abriendo muchas interrogantes que para deberían ser aclaradas en el debate.
Los familiares responsabilizaron a las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía, por el asesinato de sus seres queridos y exigieron justicia.
El 23 de mayo pasado los policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) suboficial Nelson Alcocer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alabe Arias, además del policía Miguel Ramos Palluni, fueron dados por desaparecidos en Saca Saca próxima a Uncía.
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