Muertes y protestas no frenan justicia indígena

El Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó ayer  la Ley del Órgano Judicial en la Cámara de Diputados, en medio de protestas de la oposición, que cuestionó la consolidación de la justicia comunitaria, cuando existe una polémica investigación por el linchamiento de cuatro policías ocurrido en la localidad orureña de Uncía. 

Según la explicación oficialista, el eje del proyecto aprobado establece el fortalecimiento de los procesos de conciliación para facilitar la solución de los conflictos sin la necesidad de largos procesos judiciales, se propone también garantizar la humanización en la atención de justicia, la presencia de la justicia en todas partes y el proceso de ‘descolonización’ de la justicia.


También propugna que los nuevos órganos del Estado están llamados a desarrollar las funciones de defensa y protección de los derechos ciudadanos y de los derechos colectivos. Además, intenta reparar el concepto de “derecho de acceso a la justicia” que, desde la fundación de la República, ha sido uno de los más vulnerados por las instituciones del Estado.


Sin embargo, para la diputada Elizabeth Reyes, de la opositora Unidad Nacional, la ley no establece si la justicia indígena se aplicará en delitos menores, como disputas por tierras, o también para asuntos mayores, como narcotráfico, homicidio y contrabando de vehículos, que fueron detectados en Uncía, donde campesinos asesinaron a cuatro policías.


La oposición también rechaza que el MAS pretenda dar preferencia a los indígenas que aspiren a ser miembros del Tribunal Supremo, sólo por su raza y al margen de sus méritos profesionales, basándose en privilegios que les otorga la nueva CPE.
Respecto a las observaciones   de la oposición sobre la justicia comunitaria, la diputada masista Cecilia Ayllón explicó que el principal cambio realizado en el proyecto original fue la inclusión “de los principios básicos de la justicia comunitaria, que respeta los derechos humanos y la vida”.


En la Ley del Órgano Judicial también se incluyó una disposición que obliga a la Asamblea a aprobar, en 180 días, otra ley de deslinde jurisdiccional, para precisar los campos de acción de la justicia ordinaria y la comunitaria.
Según el titular de la Corte Suprema, Julio Ortiz, la posible inclusión de personas sin conocimientos técnicos en materia jurídica en la administración judicial puede ser incompatible. “No es compatible que el futuro juez, en lugar de tener experiencia en la jurisprudencia de la norma, tenga experiencia en el ámbito sindical; pienso que eso sería incompatible”, dijo Ortiz. 
Ahora, la Cámara de Senadores se apresta a hacer lo propio y se espera que la norma sea promulgada por el presidente Evo Morales antes del fin de semana.


La nueva Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe sancionar, en el plazo máximo de 180 días, a partir de su instalación, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, de Régimen Electoral, del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
El proyecto de ley del régimen electoral también se encuentra en tratamiento en la Asamblea Legislativa.

Rechazan el ‘reglamento mordaza’
Las diputadas de oposición calificaron ayer   como draconiano el proyecto de reglamento de ética que pretende imponer el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional para sancionar a las minorías.
Las diputadas Adriana Gil y Elizabeth Reyes, y la senadora Centa Rek denunciaron la pretensión del MAS de imponer un reglamento de ética para impedir su trabajo fiscalizador.
“Con este reglamento se quiere amordazar nuestras voces, se pretende expulsar de este poder del Estado por no ser ovejas. Le dije a Héctor Arce misógino (que demuestra odio o rechazo hacia las mujeres) y él respondió que era un insulto; entonces que lea el diccionario y busque el significado de esa palabra”, dijo la diputada cruceña.
A su turno, Centa Rek exigió al presidente de la Asamblea Legislativa que otorgue garantías a las legisladoras para ejercer su trabajo sin tener que sufrir agresiones o amenazas de ser echadas del Parlamento.
Según Héctor Arce, el Reglamento de Ética no es un documento mordaza, sino una norma que procura que se eviten conductas que vayan contra la ética y la moral.
Arce dijo que existen discursos racistas en el pleno cameral: “Nos tratan de ovejas, nos tratan de borregos”, en alusión a las observaciones que hizo la oposición. 

   Reacciones  
Magistrados
Viola el derecho a la defensa
Para Cinthia Salguero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, la Ley del Órgano Judicial crea un nuevo tribunal, similar a la Suprema, pero con competencia en todos los territorios del Estado. Establece que sus resoluciones son irrevisables y que constituyen una verdad jurídica absoluta.  Todas las leyes son objeto de revisión y ésta viola principios constitucionales de un debido proceso y del derecho a la defensa, ya que toda resolución es revisable por una instancia superior. 

Abogados
Con muchas contradicciones 
Angélica Zapata, vocal del colegio de abogados de Santa Cruz, sostiene que la ley es violatoria contra los derechos fundamentales y no se adecua a la realidad. Establece que los vocales y jueces no deben abandonar sus funciones mientras no sean nombrados otros en su lugar de forma legal. Sin embargo, cesaron a 30 vocales en todo el país, provocando retardación de justicia y dejando indefenso al litigante. Está elaborada para los intereses de un Gobierno que está acostumbrado a pisotear la institucionalidad.

  Incidentes   
- Denuncia. Un grupo de diputadas opositoras denunció ayer que fueron agredidas verbal y físicamente por sus colegas del MAS en la sesión que se aprobó la Ley del Órgano Judicial. 

- Discusión. Adriana Gil y el presidente de Diputados, Héctor Arce, sostuvieron una discusión acalorada que fue interrumpida por un grupo de masistas.

- Defensa. Los del MAS se defendieron diciendo que fueron provocados cuando las opositoras colgaron un letrero que decía: “Basta de asesinatos a nombre de la justicia comunitaria”. 



Nota : El Deber

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