LA PAZ |
Los equipos técnicos de las cancillerías de Bolivia y Chile reiniciarán el 12 y 13 de julio en La Paz una etapa de negociación de la agenda de 13 puntos que incluye la demanda marítima de los bolivianos.
Los vicecancilleres Mónica Soriano, de Bolivia, y Fernando Schmidt, de Chile, encabezarán a los equipos técnicos, en lo que será la primera reunión desde que Sebastián Piñera asumió la Ppresidencia de Chile.
En la agenda bilateral también figura el tema de las aguas del Silala, que son útiles para las exploraciones mineras en el norte de Chile.
Los campesinos del sudoeste del departamento boliviano de Potosí aceptaron inicialmente un acuerdo de venta de agua dulce de Bolivia a Chile tras una reunión en febrero pasado con el canciller David Choquehuanca.
Los equipos técnicos de las cancillerías de ambos países acordaron en noviembre del año pasado en Santiago el cobro por el uso de las aguas bolivianas del Silala a empresarios del norte chileno, la zona más árida del mundo.
El conflicto se remite 1908, cuando el entonces prefecto (gobernador) de Potosí, René Calvo Arana, permitió a la empresa ferroviaria The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited el uso de agua sin pagar por ello al departamento boliviano de Potosí, en el sur de Bolivia.
El canciller Choquehuanca propuso inicialmente que se hiciera el pago de una parte del uso de las aguas mientras se hace un estudio para el pago del resto de la deuda, tal como exigen los movimientos cívicos de Potosí y sus provincias.
Un preacuerdo de Bolivia con Chile fue revisado para incluir en el texto el pago de la llamada "deuda histórica", punto de debate entre ambas cancillerías. Sólo en julio se sabrá si el documento final es firmado o no.
También otro referéndum, convocado en 2004 por el gobierno de Carlos Mesa, bloqueó la venta de gas boliviano a Chile y la exportación de gas natural por puertos del norte chileno.
Entre estos puntos está la demanda marítima y el manantial Silala.Pero en la actualidad se destaca el buen nivel de las relaciones de los gobiernos de Bolivia y Chile que arrancó en 2006 y logró elaborar una agenda de 13 puntos que incluye la demanda marítima.
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