“El fracaso de las autoridades competentes en la devolución de los cuerpos constituye grave atentado en contra del derecho fundamental que es la vida protegida por la propia jurisdicción indígena, originaria, campesina establecida en el Art. 190 de la CPE”, concluye el informe presentado ayer por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Defensor se apersonó a la Cámara Baja y prestó un informe amplio sobre el caso del secuestro, tortura y asesinato de los cuatro policías de Diprove a manos de comunarios de los Ayllus del norte de Potosí y corroboró las falencias de las autoridades de la seguridad interna para recuperar los cuerpos y sentar soberanía, autoridad y presencia estatal en la zona.
En una entrevista con EL DIARIO, Villena que estuvo en Uncía y Llallagua reunido con algunos comunarios, dijo que las autoridades oficiales deben trabajar para diseñar estrategias que permitan resolver estos casos y sentar presencia del Estado en aquellas regiones alejadas donde se han establecido actividades irregulares.
“El Gobierno, a través del Ministerio Público, debe rectificar y tener una estrategia mucho más clara para actuar, no hubo coordinación en las instancias de la inteligencia misma porque se podía avanzar un poco más, pero las cosas se han ido dando de esa manera”, señaló.
Agregó que fue “un excesivo cálculo de actuar con prudencia para no causar mayores problemas, pero pasaron muchos días y el tema se puso realmente insostenible”.
El Defensor destacó el valor de los familiares de las víctimas por llevar adelante las negociaciones y posibilitar el rescate de cuerpos. “Hemos querido destacar el trabajo que ha realizado la Defensoría, porque hemos logrado abrir el diálogo”.
Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco, el informe del Defensor que cataloga el castigo recibido por los efectivos de Diprove como “linchamiento”, será parte de las investigaciones. “De acuerdo a las declaraciones del Defensor debemos concluir que hay una serie de indicios de no asistencia de las instituciones competentes a diferentes denuncias que existen y que han concluido en la muerte de los cuatro policías, es la no asistencia inmediata a las muertes mismas por las dificultades que se han ido suscitando”.
GUERRERAS Y AGUERRIDAS
El Defensor hizo un recuento de los hechos de violencia que se identificaron en las comunidades de Potosí y Oruro, las cuales presentan permanentes conflictos por sus características de poblaciones “guerreras y aguerridas” como un antecedente de los hechos ocurridos en mayo pasado.
El informe da cuenta de la muerte de varias personas, como una familia de tres miembros en Qara Qara, donde el Ministerio Público no pudo ingresar; el asesinato de un taxista en Yauriri, a quien robaron el vehículo. Por tal motivo, un cabildo de los ayllus de Uncía determinó el 26 de mayo prohibir el ingreso de personas ajenas hasta que se esclarezcan estos hechos. En el mismo, se confirmó la muerte de cuatro personas a quienes los pobladores habrían ejecutado por ser los supuestos responsables de estos decesos.
El 30 de mayo el Defensor del Pueblo ingresó al ayllu Caracha cerca de Uncía para reunirse con autoridades del lugar y establecer pautas de diálogo, sin embargo la delegación recibió reprimendas y hostilidad, incluso amenazas de retenerlos en la cancha del lugar.
El lunes 31 de mayo arribó la comisión oficial encabezada por los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti y de la Presidencia, Oscar Coca, quienes se reunieron en el ayllu durante toda la mañana para declarar un cuarto intermedio, sin haber logrado ningún avance.
Una parte concluyente del informe señala: “La débil presencia del Estado se agrava con hechos que ingresan en la ilicitud, las mismas que son de conocimiento de las instancias estatales, como es el contrabando de vehículos en los ayllus del norte de Potosí”.
Villena sostuvo que “hay debilidad en las instituciones del Estado, Fiscalía y la Policía, y en los últimos seis años se ha visto una ausencia total del Estado en esas comunidades donde no se ha tomado en cuenta varias denuncias de comunarios, víctimas de varios delitos. Es una señal de la ausencia del Estado”.
AUSENCIA DEL ESTADO
La diputada Marianela Paco (MAS), presidenta de la Comisión de Derechos Huamanos de la Cámara Baja, que lleva adelante las investigaciones acerca de los asesinatos ocurridos en Uncía, afirmó que el informe del Defensor del Pueblo será parte de los documentos recabados para tener pautas sobre el caso.
“Es una parte del trabajo que estamos realizando en la Comisión de Derechos Humanos, falta acopiar el informe que va a emitir el Ministerio Público para tener todo el campo cubierto y establecer si existe o no acciones u omisiones de las diferentes instituciones”, mencionó.
Paco se refirió a la ausencia del Estado en algunas regiones del país, “estas son las herencias que tenemos en algunos ligares del país, donde el Estado prácticamente ha sido ausente y no tiene presencia. Esto no debe ser ajeno a la verdad, sino hay que ver que la asistencia que debe realizar el ministerio público debe ser de la forma más oportuna”.
Informó que la próxima semana se recibirán informes escritos y reportes del Ministerio Público, de la Policía Nacional, Aduana Nacional y los ayllus comprometidos con quienes se estableció contacto mediante su instancia matriz, el Consejo de ayllus y marcas del Collasuyo (Conamac).
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