Positivo: Legisladores oficialistas y opositores destacan que habrá una justicia más rápida y expedita, oral y gratuita.
La nueva Ley del Órgano Judicial Plurinacional, aprobada en la Cámara de Diputados y cuya sanción espera en el Senado, pondrá en marcha nuevos mecanismos procedimentales como la conciliación, la oralidad de los juicios, implementación de jueces públicos, gratuidad y creación de más juzgados para acortar el plazo de los procesos judiciales, con el fin de disminuir la retardación de justicia.
La población litigante comenzará a a percibir esos beneficios transcurridos dos años luego de la promulgación de la norma. La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón (MAS), explicó a La Prensa que en las disposiciones transitorias se estableció que en ese tiempo se debe adecuar a la nueva norma toda la estructura de leyes y códigos que hoy hacen a la justicia en el país.
Diputados oficialistas y opositores que aprobaron la Ley del Órgano Judicial la madrugada del martes y la derivaron al Senado, coincidieron en que ésta tiene más beneficios para el litigante.
La diputada del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) Norma Piérola afirmó que “primero que nada, ahora se tendrá un juicio oral rápido y oportuno; se aumentará el número de jueces para que haya prontitud y la justicia sea eficaz”.
Su colega y jefe de la bancada de PPB-CN, Mauricio Muñoz, dijo que “con seguridad” habrá beneficios y se le dará una dinámica distinta a la justicia boliviana, y garantías a los litigantes.
Ayllón, al igual que su colega Rebeca Delgado (MAS), destacó la creación de la instancia de conciliación, que permitirá llegar a una solución, cuando ambas partes lo acuerden, antes de derivar a un proceso judicial.
“Esto va a determinar —dijo Delgado— que haya una descarga procesal”. Explicó que todos los casos irán a la instancia de conciliación, excepto aquéllos que estén relacionados con niños, niñas y adolescentes, delitos contra la seguridad del Estado, daños económicos al Estado, corrupción, delitos que atenten contra la vida, integridad física, intelectual y sexual de las personas.
Otro punto que destaca en la nueva ley es la eliminación de los juzgados de Partido y de Instrucción y la creación de jueces públicos en materia civil y comercial, familiar, niñez y adolescencia, violencia familiar, trabajo y seguridad social y administrativa, coactiva, tributaria y fiscal, y un mayor número de juzgados en el área rural donde no tenga jurisdicción la justicia indígena campesina.
Esto permitirá, según Ayllón, que los pasos procesales, excepto en materia penal, se reduzcan a dos instancias: la tramitación ante los jueces públicos y la apelación ante el Tribunal Departamental.
Con esto se busca, dijo, “una justicia horizontal” que resuelva las causas en los juzgados públicos y, en el peor de los casos, en los tribunales departamentales, en los que la relación con el litigante sea directa. De esta manera, añadió, se podrá eliminar la verticalidad que hoy existe cuando las causas pasan por varias instancias como el Juez de Instrucción, de Partido y Corte de Distrito, para llegar a la Suprema, donde son resueltos en cinco, 10 y 15 años, y aún existe un último paso ante el Tribunal Constitucional.
Para los casos de tipo penal, se mantienen los juzgados de Instrucción y se crean los juzgados de Instrucción Anticorrupción, que podrán llevar adelante juicios por delitos de corrupción. Según Ayllón, en este caso, existirán hasta tres instancias: los juzgados de Instrucción, los tribunales de Sentencia Penal y el Tribunal Departamental.
Con esto, manifestó la diputada Piérola, se quiere que un 60 por ciento del total de las causas que hoy son derivadas a la Corte Suprema de Justicia se resuelvan en los tribunales departamentales. Según datos del Consejo de la Judicatura, en Sucre existen unas 7.000 causas acumuladas pendientes de resolución.
Ayllón, en el programa El pueblo es noticia, el domingo anterior, manifestó que los casos que podrán ir en casación al Tribunal Supremo serán los vinculados al delito de asesinato, violación, corrupción y aquellos que atenten al Estado.
Los procesos judiciales, una vez implementada la ley, según la titular de la Comisión de Justicia Plural, serán orales. Actualmente, dijo, los juicios son “escriturados”, es decir que para acceder a la justicia se debe contar con un abogado, presentar memoriales con firma de abogados, papeleta de ingreso de causa, papeleta de notificación de causas y otros.
En cambio, la nueva ley permitirá al litigante acudir a un juez público con o sin abogado, acceder a la conciliación y en cuestión de días solucionar el problema. Esto está vinculado con lo que será la gratuidad en el acceso a la justicia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), destacó la inclusión de este aspecto; aunque su colega Delgado precisó que una justicia plenamente gratuita será implementada en siete u ocho años.
El Jefe de Bancada de PPB-CN dijo que este acápite será beneficioso para la población, pero será necesario hacer un estudio económico-financiero, pues los recursos por la venta de valores y el pago de tasas que ingresan al Órgano Judicial son su sustento, por lo que el Estado debe compensar esa disminución.
Jueces suplentes liquidarán causas
La nueva Ley del Órgano Judicial Plurinacional, en una de sus disposiciones transitorias, establece que los jueces y magistrados suplentes del Tribunal Supremo se encargarán de liquidar las causas que queden pendientes de la actual estructura judicial.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón (MAS), explicó que una vez promulgada la norma y elegidas las autoridades del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, comenzará el proceso de su implementación, que durará dos años, tiempo en el que los magistrados suplentes deberán liquidar las causas que queden pendientes y las que irán llegando en ese periodo. “En esos dos años, todo lo que es la retardación de expedientes que se encuentran en Sucre, todo aquello va a ser tramitado por los magistrados suplentes, que van a tener como labor primordial la liquidación de todos esos casos”.
El proyecto de Ley del Órgano Judicial fue aprobado en la Cámara de Diputados la madrugada del martes y derivado al pleno del Senado, que a su vez lo remitió ayer a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Alta para su revisión.
Se prevé que este jueves pueda comenzar su tratamiento en esa instancia legislativa para luego ser promulgada por el presidente Evo Morales.
Actualizador
Hasta la fecha, tres de las cinco leyes que la Constitución Política del Estado manda a la Asamblea Legislativa a aprobar hasta el 22 de julio se encuentran en debate.
1. El proyecto de Ley del Órgano Judicial Plurinacional fue aprobado en la Cámara de Diputados y derivado al Senado. Fue remitido a la Comisión de Justicia Plural.
2. El proyecto de Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue aprobado en la Cámara de Senadores la semana pasada y se encuentra en debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
3.- El proyecto de Ley de Régimen Electoral fue presentado a la Cámara de Senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS) el lunes y esa instancia camaral la remitió a la Comisión de Constitución.
4. El proyecto de Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, elaborado por el MAS, debía ser presentado al Legislativo la semana pasada. Al parecer sufrió algunas modificaciones de último momento.
5. El proyecto de Ley de Autonomías y Descentralización aún no llega al Legislativo.
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